El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado un informe sobre derechos humanos en el Perú, en el que se denuncia la impunidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el accionar contra los manifestantes durante las protestas que iniciaron en diciembre de 2022.
Según el informe, la gestión de Dina Boluarte Zegarra no ha logrado prevenir los abusos ni castigar a los responsables de la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos, y ha habido una falta de repercusiones ante las denuncias sobre los ataques y las muertes registradas durante las manifestaciones.
AGRESIÓN A PERIODISTAS
El informe también destaca la agresión que han sufrido los periodistas por parte de la PNP mientras cubrían los acontecimientos en las principales ciudades donde se dieron las protestas, donde se registraron al menos 303 ataques a periodistas en el 2022, según el informe, una cifra que superó lo reportado por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) en el 2005.
Además, el informe señala que las marchas fueron una muestra del descontento de la población con la actuación del Congreso de la República y la vacancia de Pedro Castillo Terrones, que llevó a la asunción de la presidencia de la nación por parte de Boluarte Zegarra.
La crisis política y social se agravó con la sucesión presidencial, según el informe, tras el intento de disolución del Poder Legislativo por parte del exmandatario, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
Este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos pone de manifiesto la necesidad de proteger los derechos humanos en el Perú y de garantizar que los responsables de la violencia y la vulneración de los derechos sean sancionados.
