A pesar de que fueron emboscados por la policía el 9 de febrero, en la provincia de Aymaraes.
Una nota publicada en Wayka consignò que 39 campesinos y campesinas de Huancabamba, quienes fueron intervenidos en una emboscada policial el 9 de febrero en el sector de Siete Vueltas en la provincia de Aymaraes (Apurímac), —junto a Denilson Huaraca Vílchez, joven de 22 años asesinado por un proyectil de arma de fuego—, serán denunciados por los presuntos delitos de disturbio y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
En la denuncia fiscal se incluye a tres de los ciudadanos heridos (dos de ellos de gravedad): Pablo Lazo Mariño, herido de bala en el hombro izquierdo; Víctor Rojas Alarcón, herido de bala en la espalda y Damián Félix Sivipaucar, herido de bala en la pierna izquierda.
En la carpeta fiscal se solicita la incautación del camión verde de placa C9V-836. Este es uno de los vehículos que, según testigos del operativo, fue baleado por agentes de la Policía, quienes llevaban armas de alto calibre, pasamontañas y camionetas con placas falsas, como narran los testigos y detenidos.
Como se recuerda, la intervención policial fue calificada por abogados y organizaciones de derechos humanos como un caso de homicidio calificado y de ‘ejecución extrajudicial’.
Sin embargo, la fiscal provincial de Aymaraes, Rosmery Callaymara Ayquipa decidió acusar a los 39 comuneros que se trasladaban en dicho vehículo, “con la finalidad de realizar acciones violentas en contra del gobierno de Dina Boluarte, consistente en bloqueo de carreteras, atentado contra instalaciones públicas así como enfrentamientos con las fuerzas del orden”, según se lee en el documento fiscal, basado también en el acta policial de la intervención.
“Las 39 personas están acusadas del delito de disturbio, cuando esas personas, sus vidas han sido puesta en peligro porque han disparado al camión, entonces, ese es el escenario judicial. Esperemos que la Fiscalía haga honor al artículo 159 de la Constitución, que dice que el Ministerio Público, es el titular de la acción penal, pero a la vez es el defensor de la legalidad, el protector de la persona, su fin no es perseguir brutalmente”, indicó el abogado voluntario del caso, Víctor Lizarzaburo.
