Los autores mediatos y directos de los asesinatos irían presos entre 25 a 35 años.
El Gobierno de Dina Boluarte no asume ninguna responsabilidad política de los manifestantes asesinados por la policía y el ejército. Aunque les esperaría el mismo destino que el de Alberto Fujimori.
El presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola afirmó en declaraciones a la prensa que los ministros (defensa e interior) no tienen responsabilidad operativa por los muertos en las protestas. “Ellos no participan en el teatro de operaciones”, aseguró.
HAY UNA LÍNEA DE MANDO
Al respecto, el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL) rechazó la afirmación. “Por eso se denuncia a este grupo de funcionarios de alto nivel, desde la presidenta Dina Boluarte hasta los que participan en el teatro de operaciones. Porque hay una línea de mando, la presidencia de la República (Dina Boluarte) preside junto con el premier (Albero Otárola) la sesión del Consejo de Ministros, de allí nace la orden para los diferentes ministerios: Interior y Defensa”.
“Estamos hablando de lo que se conoce, y en eso ya hay el precedente del caso Alberto Fujimori, de la autoría mediata por aparato organizado de poder. Y es esa la estructura de la denuncia que nosotros como IDL hemos hecho también en otros casos, y que estamos viendo esa línea de mando, independientemente de los autores directos. Porque hay una línea de mando bien completa que serían los autores mediatos y los autores directos que son los que disparan, trasgrediendo las normas de los decretos, tanto del uso progresivo de la fuerza letal de la Policía Nacional, así como el manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial”, aseguró.
OJO CON DENUNCIA POR GENOCIDIO
Para Quispe: “En realidad, si uno hace la secuencia de los hechos, si vemos la línea de tiempo, nos vamos a dar con una sorpresa. La Fiscal de la Nación Patricia Benavides recibió a los miembros de los organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH). Y la fiscal le había pedido medidas cautelares para ella”.
“Entonces, lo que debo entender, que le dio en la yema del gusto, cuando vinieron al Perú y les dijo, ‘he aperturado una investigación por genocidio’. Y curiosamente después de eso sale la resolución donde le dan la medida cautelar”, agregó.
“Pero ella (Patricia Benavides) sabe perfectamente como cualquier abogado, que lo ocurrido no encaja en el tipo penal de genocidio, sino en el de homicidio calificado y en el de lesiones de acuerdo con la gravedad del daño”, resaltó.
25 A 35 AÑOS
“Y si uno hace una sumatoria de penas, si hay organización criminal, homicidio calificado, puede ser de 25 años a 35 años. Los autores mediatos tienen la misma condena que los autores directos”, afirmó el jurista.
“De la misma forma, a estas alturas del año 2023 no pueden decir que eso es una obediencia debida como están señalando, que ellos cumplen órdenes, porque a los policías desde la escuela policial le enseñan derechos humanos, que una orden ilícita no se debe cumplir”, refirió.
Asimismo, destacó: “Y una orden ilícita es disparar al cuerpo de las personas, cuando no están armadas, porque ellos saben perfectamente que lo primero que tienen que hacer es neutralizar al enemigo, lo que significa disparar como última medida, siempre y cuando esté en peligro inminente y grave, la vida del policía o de terceros, disparar a los miembros superiores o inferiores, eso significa neutralizar, con eso cae al piso y tiene la posibilidad de detenerlo. Porque de la policía su función es detener, a diferencia de las Fuerza Armadas que lo que hicieron en Ayacucho es matar a la gente, fue una masacre”.
“Entonces, muchos de los fallecidos y heridos tienen lesiones graves por eso pueden ser considerados delitos contra los derechos humanos, por el empleo de armas contra una población civil, que estaba completamente desarmada, por más que tuviera hondas”, aseveró.
NO DETIENEN A VÁNDALOS
“Y se ha visto, lamentablemente, que el servicio de inteligencia de la policía no quiere descubrir quienes son los vándalos, que se meten a la protesta para detenerlos, procesarlos y llevarlos a juicio. Lamentablemente han pasado dos meses y medio del inicio de las protestas, y no hay una sola persona que haya sido detenido por la muerte del policía en Puno o como autor de los destrozos e incendios de los locales del Poder Judicial, Ministerio Público, comisarías y los aeropuertos, no hay nadie”, advirtió.
El abogado de IDL, agregó: “Es como si hubiese una orden verbal, de que ‘pasen señores están en su casa, hagan lo que quieran, porque finalmente quienes van a pagar son los que protestan y vamos a hacer ver que quienes protestan son pequeños grupos de personas que son vándalos’. Y de ahí viene la política del terruqueo, todos son terroristas y por tanto, todos tienen que pagar por lo que han cometido. Eso no es así, la responsabilidad penal es individual, no es en conjunto, tiene que individualizarse para penalizar”.
