Quispe advierte lo peligroso del planteamiento, cuando se acusa de terrorismo a cualquiera.
YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL
De aprobarse la propuesta de ley del Ministerio Público, le permitiría a la Fiscal de la Nación presentar demandas de inconstitucionalidad a su antojo, sin pasar por la Junta de Fiscales Supremos. Muy peligroso en tiempos de terruqueo.
El Ministerio Público presentó ante el Congreso un proyecto de ley en el cual plantea una modificación al artículo 98 del Código Procesal Penal, donde se condiciona al cumplimiento de un determinado requisito la potestad del titular del Ministerio Público de interponer dichos recursos.
MÁS PODER
En el texto vigente señala que el fiscal de la Nación puede interponer una demanda de inconstitucionalidad, siempre y cuando haya un acuerdo previo de la Junta de Fiscales Supremos. Y el proyecto de ley presentado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se indica que el titular del Ministerio Público “interpone la demanda directamente”, sin necesidad de algún otro requisito.
En el referido artículo de la ley vigente, también se establece que el presidente del Poder Judicial puede presentar una demanda de inconstitucionalidad, pero con previo acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, lo puede hacer el presidente de la República, contando para ello con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
La propuesta del Ministerio Público argumenta que en el numeral 2 del artículo 203 de la Constitución se da al fiscal de la Nación competencia para la presentación de este tipo de recursos, pero de manera autónoma y sin requisitos adicionales.
VIOLENTANDO NORMAS
El abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL) señaló a Diario UNO: “La fiscal de la Nación quiere tener un poder violentando sus propias normas, la Ley de la Carrera Fiscal, la Ley Orgánica del Ministerio Público el Decreto Legislativo 052 y demás normas conexas, en las cuales establecen que para presentar una iniciativa legislativa establecido en el artículo 10 del Código Procesal Penal, previamente debe tener el visto bueno, es decir convocar a una Junta de Fiscales extraordinaria, y sólo si esta aprueba, se le da luz verde a la Fiscal de la Nación para que puedan presenta runa iniciativa legislativa como puede ser: derogación de leyes, de decretos legislativos que a la Fiscalía es lo que le interesa, porque eso es lo que quiere”.
Además, destacó: “Esto da cuenta que ella quiere pasarse por encima de la Junta de Fiscales, quiere tener el poder autocrático para sin que nadie le diga nada, presentar de manera unilateral que solo a ella y a su asesor principal le conviene a los intereses del Ministerio Público. Es decir, de acuerdo con sus intereses políticos. Esta propuesta se da justo en el momento en que hay protestas sociales, y eso no hay que perder de vista”.
“Y me imagino que tiene los votos en el Congreso para que se apruebe, porque así nada más la Fiscal de la Nación no va a presentar una propuesta de modificación al Código Procesal Penal y lanzarse a una piscina sin agua”, agregó.
DESBALANCE EN ESTADO DE DERECHO
Para el jurista de IDL: “Si procede, crearía un desbalance en el Estado de Derecho y no respetaría la igualdad de todas las personas ante la ley, porque ella no puede tener privilegios. Es decir, ella estaría por encima del presidente de la República, del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo. Y eso no puede ser”.
“Ella tiene una autonomía constitucional, pero se rige por diferentes leyes y esas son las que regulan a nivel administrativo el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia. Y lo que quiere ella es tener super poderes para a todo lo que no le gusta presentar una demanda de inconstitucionalidad”, argumentó.
Según Quispe: “Definitivamente eso no debería pasar porque si no, estaríamos ante una super Fiscal de la Nación donde no solamente cambia fiscales para que no investiguen a su hermana. Además, hasta ahora no ha dado un balance de si se está siguiendo y cuál es el resultado de los 30 o 60 días de investigación de las muertes de los civiles, tanto en Ayacucho, Arequipa, Cusco y Lima, durante las protestas”.
CRIMINALIZAR LA PROTESTA
“Eso es lo que la población debería entender, una fiscal que tendría un poder para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra toda norma perfectamente puede llegar al Tribunal Constitucional, que hoy no es una institución independiente y autónomo como dice su ley de creación. Lamentablemente es un Tribunal político de tendencia derechista, entonces vamos a tener una situación bastante complicada, de leyes hechas a la medida del Ministerio Público”, alertó el abogado.
“Su objetivo es modificar normas contra el terrorismo, quieren criminalizar la protesta, quieren elevar las penas, quieren volver seguramente a esa norma sobre terrorismo que decía que aquella persona que es detenida por un delito de terrorismo como apología, al respecto tengo información del Ministerio Público que, a la fecha, habrían más de 1000 carpetas fiscales por el delito de terrorismo”, afirmó Quispe.
“Esta propuesta está conversada, estaría jugando en pared con las bancadas del Congreso que no son de izquierda y que quieren acallar las protestas sociales a como dé lugar”, agregó.
