Por: Yásser Gómez Carbajal
Temen volver a perder las próximas elecciones
La propuesta de Avanza País de recortar los mandatos de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene un tinte antidemocrático, porque tendrían el objetivo de intervenir en estos organismos autónomos para controlar los próximos comicios.
Al respecto, el analista político Alberto Adrianzen señaló a Diario UNO: “Es una idea absolutamente descabellada, no se puede justificar, salvo querer poner su gente como están haciendo en otras entidades del Estado para poder manejarla como ellos quisieran”.
LEGITIMAR FRAUDE
“Ellos quieren legitimar este argumento, falso por lo demás, que hubo fraude en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021, lo cual no fue cierto. Y ahora quieren cambiar a las autoridades de los organismos electorales para poner a su gente”, destacó.
Asimismo, afirmó: “Es inaceptable, me parece un cambio oportunista. Primero que son órganos constitucionalmente autónomos, segundo, con esta propuesta pretenden legitimar la campaña por el fraude electoral que hicieron el 2021 contra las autoridades de la ONPE y del JNE, por lo tanto, eso no se puede aceptar. Igual hay otros temas que quieren cambiar para favorecer sus intereses”.
IMPEDIR TRIUNFO PROGRESISTA
Para Adrianzén: “En las próximas elecciones generales quieren impedir a cualquier costo el triunfo de un candidato progresista, y si no pueden, intentarán controlar las instituciones como el Tribunal Constitucional, así como la Defensoría del Pueblo, este último felizmente ha sido frenado por una decisión del Poder Judicial”.
Respecto a la declaración de la congresista Roselli Amuruz de Avanza País, que argumentó esta propuesta, porque algo similar ocurrió el año 2001. El analista político aclaró: “Tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori se cortaron los mandatos de los jefes de la ONPE y el JNE, hubo un Gobierno que hacía fraude, por eso se cambiaron a las autoridades electorales. Y eso era inevitable hacerlo por la desconfianza que existía en ese momento. Por parte de la población hoy no hay ninguna, la única sospecha es la de ellos con este argumento absurdo que hubo fraude en mesa, porque eso quieren justificar su intervención en estos organismos, lo cual me parece inaceptable y antidemocrático”.
Adrianzén tiene claro el objetivo de esta propuesta legislativa: “Como piensan que pueden perder en las próximas elecciones, como perdieron en el 2021, tienen la intención de controlar todo lo que puedan”.
VULNERA LA CARTA MAGNA
Según el especialista electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Luis Alberto Sánchez Corrales, el proyecto de ley colisiona con la Constitución Política y no se justifica que una norma de carácter transitoria, como la que se propone, pueda vulnerar la Carta Magna.
“El artículo 180 y 182 de la Constitución reconocen al JNE y la ONPE como organismos constitucionalmente autónomos. El recorte del mandato pretende aprobar una ley que contiene una disposición transitoria que contradice los artículos señalados”, resaltó.
Indicó que ambos son organismos constitucionalmente autónomos que merecen una regulación constitucional. Para serlo reúnen determinados elementos, por ejemplo, que las funciones que desempeñan son insustituibles, sus funciones vienen por mandato directo de la Constitución, y que no deben estar supeditados a otros órganos constitucionales y poderes, lo que también incluye al Poder Legislativo.
Refirió que por estos motivos el Pleno del JNE emitió un acuerdo estableciendo una opinión técnica institucional, mediante la cual califica como inviable dicha iniciativa.
SINRAZÓN
Respecto a la propuesta para modificar la composición vigente del Supremo Tribunal Electoral, Sánchez Corrales refirió que posee contradicciones intrínsecas que no se encuentran plenamente justificadas. Así, señaló que no se comprende la razón para incrementar el número de magistrados de cinco a siete rompiendo la actual composición plural y democrática del colegiado electoral.
Tampoco se explica, dijo, la razón para atribuir al Colegio de Abogados del Perú tres representantes, siendo una sola entidad, lo cual rompe el equilibrio de representación. Actualmente, la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados de Lima y las universidades públicas y privadas, eligen cada una a un integrante.
Asimismo, sobre la creación de dos salas de tres integrantes, precisó que no se comprende por qué la reducción a ese número y en qué beneficiaría ello al debate, cuando, por ejemplo, las salas de la Corte Suprema poseen de cinco a siete miembros. Respecto a que el titular del JNE no ejerza función jurisdiccional, subrayó que se estaría retirando al magistrado que tiene experiencia sobre el particular dado que proviene de la Corte Suprema.
