Denuncian maniobra judicial para anular condena por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Anuncian movilización nacional e internacional contra la prescripción y la excarcelación.
Sectores defensores de los derechos humanos y familiares del periodista ayacuchano Hugo Bustíos denunciaron que hay toda una maquinación judicial en marcha para lograr la prescripción del proceso judicial, la nulidad de todo lo actuado y la excarcelación inmediata
del sentenciado exministro del Interior Daniel Urresti, condenado a 12 años de prisión por la muerte de Bustíos
Saavedra, corresponsal de la reista Cartas, y la tentativa de homicidio de Eduardo Rojas en 1988, durante el conflicto armado interno en ocurrido en esa región del país. Ante esta posibilidad han anunciado la realización de una movilización nacional e
internacional, a fin de que la sentencia se mantenga y no se tuerza alevosamente el curso
de la justicia.
EL CASO BUSTÍOS
El asesinato de Bustíos Saavedra ocurrió en noviembre de 1988, mientras el periodista realizaba labores informativas en Ayacucho, región en la que se generaron los mayores hechos de violencia política terrorista. En ese periodo, Urresti se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la base contrasubversiva de Castropampa.
Hugo Bustíos, periodista de la revista Caretas, fue asesinado el 24 de noviembre
de 1988 en Huanta, Ayacucho, durante el conflicto armado interno en Perú. El exministro
y político Daniel Urresti fue condenado a 12 años de prisión en 2023 por ser coautor del asesinato y tentativa de homicidio, tras determinarse que militares bajo su mando emboscaron, dispararon y explotaron a Bustíos.
El 24 de noviembre de 1988, Bustíos y Rojas se dirigían a Erapata para cubrir noticias cuando fueron emboscados por militares de la base de Castropampa. El testigo Alejandro Ortiz Cerna identificó a Urresti como uno de los atacantes que dispararon y utilizaron explosivos contra el periodista, causándole la muerte.
Tras 35 años de impunidad y después de un largo proceso judicial, la Tercera Sala Penal
Liquidadora Transitoria condenó a Urresti a 12 años de cárcel en abril de 2023, sentencia que fue ratificada posteriormente, convirtiéndose en un hito en la lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas, siendo reconocido como un caso emblemático en el Perú y también en el extranjero, pues medios de medio mundo siguieron de cerca el proceso de búsqueda de justicia llevado adelante, tercamente, por los familiares de Bustíos.
Por ello, la sentencia de 12 años de prisión contra Urresti emitida en noviembre de 2025 -a pesar de haber sido ministro- se convirtió en un símbolo de la defensa de los periodistas contra violencia y mereció reconocimiento mundial para el sistema judicial peruano por sancionar crímenes graves como éste.
PEDIDO INFUNDADO
Sin embargo, aprovechando la inestabilidad política del país, la defensa del condenado
planteó ante la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria evaluó un pedido de nulidad y apelación, cuyas audiencias se han realizado hasta el 29 de enero, buscando revertir la sentencia.
Ese día, mediante una audiencia virtual, los magistrados escucharon los alegatos de Urresti, su abogado, representantes del Ministerio Público y la parte civil agraviada. La defensa, encabezada por Miguel Ángel Soria, centró sus argumentos en la inaplicación de la Ley 32107, norma aprobada por el Congreso de la República que define los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Soria cuestionó la resolución judicial de primera instancia, que —por control difuso— dejó sin efecto la
mencionada ley, y solicitó la libertad inmediata de Urresti.
Para el abogado, el proceso penal debió expirar legalmente en 2008, por lo que mantener
a su patrocinado en prisión vulnera el principio de legalidad. “No se puede sacrificar el principio de legalidad para supuestamente luchar contra la impunidad”, expresó Soria
ante la sala. Por ello, solicitó la prescripción del proceso, la nulidad de lo actuado y la excarcelación inmediata del exministro; mientras que la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo lo replicó solicitando a la sala declarar infundado el recurso de apelación.
La fiscalía sostiene que,n al tratarse de delitos graves vinculados a violaciones a los derechos humanos, no corresponde aplicar la prescripción ni anular el proceso, pues se trata de hechos que, por su naturaleza, no pierden vigencia penal con el paso del tiempo.
Los representantes de la parte civil agraviada respaldaron la postura fiscal y enfatizaron el
carácter emblemático del caso Bustíos en la defensa de la libertad de prensa y la lucha contra la impunidad en crímenes cometidos por agentes del Estado.
