Con resolución municipal intenta anular sentencias y pone en riesgo la seguridad jurídica en el distrito
La Municipalidad de Barranco, bajo la gestión de la alcaldesa Jessica Vargas, enfrenta un serio cuestionamiento público tras negarse a cumplir una sentencia del Poder Judicial y dos laudos arbitrales firmes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), decisiones que ratifican la plena validez del contrato suscrito con el Consorcio Unión Barranco (CUB) para la recuperación del Estadio Unión de Barranco.
Pese a los pronunciamientos de instancias superiores, la alcaldesa emitió la Resolución Municipal N° 042-2026, con la que pretende desconocer decisiones judiciales definitivas, en un acto que ha sido calificado por especialistas como una abierta desobediencia al orden legal y una grave señal de autoritarismo municipal.
Gobierno local por encima de la ley
La negativa de la comuna barranquina no solo mantiene paralizada una obra con más del 90 % de avance, sino que afecta directamente a miles de vecinos, deportistas y jóvenes, quienes ven frustrado el acceso a un espacio deportivo recuperado con inversión privada, luego de años de abandono.
El Consorcio Unión Barranco, integrado por exfutbolistas y formadores de menores, asumió el riesgo económico y la responsabilidad de devolverle vida a un estadio histórico. Hoy, ese esfuerzo se ve bloqueado por una gestión municipal que desoye al Poder Judicial y a los propios mecanismos de solución de controversias que el Estado reconoce.
El exjugador, director técnico y uno de los socios del CUB, Miguel Chamochumbi, exhortó a la alcaldesa de Barranco a respetar la ley y otorgar el permiso correspondiente para la reanudación de las obras en el estadio. “Nadie está por encima de la ley. Una alcaldesa no puede decidir qué sentencias cumplir y cuáles no. Barranco merece autoridades que respeten el Estado de derecho, no que lo desafíen”.
La justicia ya habló
El conflicto se originó en 2018 con la firma del contrato de usufructo. En 2019, la Municipalidad intentó anularlo unilateralmente, alegando supuestas irregularidades que fueron desestimadas una y otra vez.
Dos laudos arbitrales de la Cámara de Comercio de Lima confirmaron la legalidad del contrato y señalaron que las resoluciones municipales carecían de sustento. Posteriormente, la Corte Superior de Justicia de Lima ratificó que la comuna actuó de manera incorrecta al aplicar normas administrativas a un contrato sometido a arbitraje.
Aun así, la actual gestión insiste en desconocer lo resuelto, sentando un precedente peligroso para la seguridad jurídica, la inversión privada y la confianza en las autoridades locales.
Responsabilidades políticas y penales
El abogado del CUB, José Carlos García, advirtió que persistir en el incumplimiento de resoluciones judiciales firmes podría generar responsabilidades penales para las autoridades y funcionarios involucrados.
“Desobedecer un mandato judicial no es una opinión política, es una infracción grave al Estado de derecho. Las consecuencias están previstas en la ley”, sostuvo.
Mientras tanto, vecinos y deportistas exigen que la alcaldesa rectifique, acate la ley y permita la culminación e inauguración inmediata del Estadio Unión de Barranco, una obra que podría convertirse en símbolo de recuperación urbana, pero que hoy es ejemplo de conflicto, confrontación y desprecio por la legalidad.
