Magistrada internacional afirma que el gobierno de transición no está facultado para adoptar una decisión de ese tipo.
La jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), Luz Ibáñez Carranza, respondió públicamente al anuncio del canciller Hugo de Zela Martínez, quien declaró que el Gobierno decidió no promover su candidatura en representación del Estado peruano a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).
Ibáñez Carranza manifestó que se enteró de la decisión únicamente a través de las declaraciones coyunturales del ministro a la prensa, sin haber recibido comunicación oficial de Torre Tagle. “No sé si con una declaración se puede retirar o descontinuar una candidatura”, señaló.
La magistrada calificó la medida como un hecho “absolutamente sin precedentes” y advirtió que la decisión “pone en ridículo al Perú” y afecta directamente la imagen del Estado peruano ante la comunidad internacional y va en contra de los principios de la legalidad y los derechos humanos.
Antecedentes
Explicó a que se encuentra en Lima desde hace 15 días solicitando una reunión con las autoridades para conversar sobre este tema no han tenido la cortesía de responderle, ni tampoco una comunicación oficial respecto a su postulación.
La candidatura de Luz Ibáñez Carranza fue oficializada en marzo de 2024 por la Cancillería peruana, con el respaldo del cuerpo diplomático y autoridades de alto nivel.
Desde hace cinco décadas el Perú no tiene representación en la Corte de La Haya, nuestro último representante fue el expresidente José Luis Bustamante y Rivero, quien integró y presidió la CIJ entre 1961 y 1969.
Argumentos
- Falta de transparencia: denunció que no fue recibida ni llamada por el canciller pese a sus pedidos expresos, y que se actuó “a sus espaldas”, lo que ratifica —dijo— la opacidad de los procedimientos de Cancillería.
- Impacto institucional: sostuvo que la decisión es altamente perjudicial para la reputación del país, más allá de su persona, dado que ella es funcionaria internacional.
- Posibles intereses subalternos: sugirió que la medida podría responder a compromisos de votos con otros candidatos de la región o a intereses particulares dentro de la Cancillería.
- Discriminación de género: afirmó que su condición de mujer pudo haber influido en el anuncio: “Si yo fuera hombre no se les hubiera ocurrido anunciar que se quita una candidatura”.
- Legitimidad cuestionada: recordó que el actual gobierno de transición no está facultado para tomar decisiones de esta magnitud, pues su mandato es coyuntural y limitado, según sus propias declaraciones, para facilitar las elecciones y enfrentar la inseguridad ciudadana.
Sanción
Respecto a la sanción en su contra a la que se refirió tangencialmente el ministro de Relaciones Exteriores, Ibañez Carranza manifestó que se trata de una decisión política coyuntural del actual gobierno de los Estados Unidos contra la CPI, el Estatuto de Roma y los magistrados que actuaron de manera independiente, imparcial e integra.
“Cualquier sanción que se haga a un juez es una condecoración a su calidad de persona y a su calidad de magistrado o magistrada”, remarcó.
Asimismo, explicó que “estas sanciones no son contra ningún país, ni mucho menos contra el Perú, son contra la corte como sistema de justicia”.
Detalló que la actitud unilateral de la cancillería afecta su prestigio internacional que es ampliamente reconocido. Sostuvo que como ciudadana y jueza internacional peruana el Estado tiene la obligación de defenderla ante cualquier tipo de ataque o sanción venga de donde venga y por el contrario, con esa actitud, está incumpliendo sus responsabilidades.
Manifestó que esta situación la pone como víctima del Estado peruano hecho que en su momento se hará de conocimiento a la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, frente a quien nuestro país ha asumido obligaciones concretas de defensa y protección del sistema incluido los jueces.
