CENSURA EN CAMINO Congresista Heydy Juárez pide la salida de la ministra
Denisse Miralles por promover el decreto publicado entre gallos y medianoche que
entrega Petroperú a intereses privados.
RIESGO PAÍS Gobierno ignoró a bonistas internacionales y expone al Perú
a demandas millonarias en tribunales internacionales.
MARCHA
NACIONAL Sindicatos, gremios y congresistas convocan movilización contra el gobierno de José Jerí por el intento de descuartizamiento de la empresa estatal.
PELIGRA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA
Sin Petroperú, el Estado gastará miles de millones de dólares en combustible para FF.AA.,Policía y Amazonía.
Entre gallos y medianoche, cuando el país celebraba el Año Nuevo y la atención pública estaba dispersa, el gobierno publicó un Decreto de Urgencia que reorganiza Petroperú y allana el camino para su privatización, una medida de enorme impacto económico y estratégico que no fue informada previamente a la ciudadanía ni al Congreso.
El Decreto, difundido casi a las 10 de la noche del 31 de diciembre, ha sido calificado por sindicatos, especialistas y parlamentarios como un intento de descuartizamiento y remate de la principal empresa energética del Estado, que factura alrededor de US$ 7,000 millones anuales y cumple un rol clave en la seguridad energética nacional.
SIN ESTUDIOS, SIN
TRANSPARENCIA Y CON
NOCTURNIDAD
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha presentado ningún estudio técnico-financiero que justifique una decisión de esta magnitud. No se conoce qué entidad elaboró el análisis, cuánto tiempo tomó, cuánto costó ni qué escenarios se evaluaron para concluir que la “reorganización” era la mejor salida. La publicación nocturna
del Decreto ha encendido todas las alertas políticas: ¿Por qué tanta prisa?
¿Por qué esconder una medida que, según el gobierno, sería beneficiosa
para el país?
BONISTAS
IGNORADOS Y RIESGO
DE DEMANDAS
INTERNACIONALES
Otro punto crítico es la ausencia de consulta a los bonistas internacionales, principales acreedores de Petroperú. Especialistas en derecho financiero advierten que una modificación¿ estructural inconsulta podría derivar en arbitrajes internacionales, exponiendo al Estado peruano a demandas millonarias que terminarían pagando todos los ciudadanos.
LA MINISTRA Y EL
CIERRE DEL CRÉDITO:
LA CRISIS INDUCIDA
La situación financiera de Petroperú se agravó aún más por las declaraciones públicas de la ministra de Economía, Denisse Miralles, quien habló abiertamente de intervención y reorganización. Estas afirmaciones provocaron que los bancos cerraran las líneas de crédito a la estatal, asfixiándola financieramente y generando el escenario perfecto para
justificar su venta.Trabajadores y analistas coinciden en que el propio gobierno creó la crisis que ahora usa como argumento para el remate.
FFAA, POLICÍA Y
AMAZONÍA: EL
COSTO OCULTO DE LA
PRIVATIZACIÓN
Petroperú cumple además una función estratégica: garantizar combustible a precio de costo a lasFuerzas Armadas, la Policía Nacional y zonas alejadas de la Amazonía, donde el
mercado privado no opera o lo hace con precios prohibitivos. Si la empresa desaparece o es fragmentada, el Estado gastará miles de millones de dólares adicionales en los próximos años, quedando rehén de precios privados y de intereses comerciales. Un impacto
que no ha sido calculado ni transparentado.
HEYDY JUÁREZ PIDE
CENSURA: “ESTE
DECRETO NO ES
RESCATE, ES ENTREGA”
El impacto político del Decreto de Urgencia ya se siente en el Congreso.La congresista Heydy Juárez anunció que impulsará la censura de la ministra de Economía, Denisse Miralles, responsabilizándola directamente por haber promovido un decreto que abre la puerta a la privatización encubierta de Petroperú. Juárez ha señalado que no existe sustento técnico conocido, que el Ejecutivo actuó de espaldas al país y
que la norma fue publicada con nocturnidad para evitar el rechazo social y político. Según la parlamentaria, lo ocurrido no es una reorganización, sino una entrega deliberada de la empresa estatal a grupos de poder.
La congresista también advirtió que el Congreso no puede ser cómplice de una operación que recuerda los peores episodios del fujimorismo, cuando empresas públicas fueron vendidas a precio vil, perjudicando gravemente al Estado.
MARCHA NACIONAL Y
RECHAZO CRECIENTE
Mientras el gobierno guarda silencio, sindicatos de Petroperú, gremios nacionales y diversos congresistas han convocado a una marcha nacional contra el gobierno de Jerí, denunciando que esta operación ha sido urdida por intereses económicos enquistados en el Ministerio de Economía. Para los trabajadores, el mensaje es claro: no se trata de salvar a Petroperú, sino de rematarla.
Las diez preguntas que debe responder Jerí ¿Por qué el apuro por vender Petroperú?
1. ¿Qué estudio técnico-financiero sustenta el Decreto de Urgencia publicado casi a las 10 de la noche del 31 de diciembre? ¿Existe o no existe ese estudio?
2. ¿Qué organismo nacional o internacional elaboró dicho análisis, en cuánto tiempo y a qué costo? Porque para “rematar” una empresa que factura US$ 7,000 millones al año,
lo mínimo es un sustento serio.
3. ¿Consultaron a los bonistas internacionales, principales acreedores de Petroperú, antes de emitir el Decreto? ¿Sabe su gobierno que el Perú podría
enfrentar demandas y arbitrajes internacionales millonarios?
4. Si el Decreto era tan beneficioso para el país, ¿por qué se publicó entre gallos y medianoche, sin informar previamente al Congreso ni a la ciudadanía? ¿Qué se intentaba ocultar?
5. ¿Cuánto dinero le quedaría realmente al Estado si Petroperú es vendidaluego de pagar todas sus deudas? ¿Existe un análisis costo-beneficio o están improvisando?
6. Si Petroperú desaparece o esfragmentada, ¿qué empresa garantizará
combustible a precio de costo a las Fuerzas Armadas, la Policía y la Amazonía? ¿Han calculado los miles de millones de dólares adicionales que el Estado
tendría que gastar de por vida?
7. Si la lógica empresarial dice que primero hay que poner en valor un activo para venderlo, ¿por qué su gobierno pretende vender Petroperú en su peor momento
de iliquidez?
8. Si tener Petroperú es tan mal negocio, ¿por qué cree que los privados
querrán comprarla? ¿No será que buscan adquirirla a precio vil, como ocurrió en los 90?
9. ¿No está su gobierno repitiendo el libreto del fujimorismo con Aeroperú, La
Pampilla, Solgas, Entel y otras vendiendo empresas estratégicas en beneficio de intereses privados en perjuicio del país y a precio de remate?
10. Finalmente, señor Jerí, ¿a quién beneficia realmente este Decreto de
Urgencia? Porque al Estado, a los trabajadores y a la seguridad energética del Perú, claramente no.
Privatización encubierta de Petroperú desata tormenta política y alerta económica
Candidatos, congresistas y exautoridades advierten que el Decreto de Urgencia publicado de madrugada pone en riesgo la soberanía energética, eleva el riesgo país yabre la puerta a intereses privados.
La decisión del gobierno de iniciar el 2026 con la privatización encubierta de Petroperú ha generado una fuerte reacción política, técnica y social. Diversas voces advierten que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado “entre gallos y medianoche”, no solo amenaza la estabilidad económica del país, sino que evidencia un grave entreguismo de las
empresas estratégicas del Estado. El candidato presidencial Yohny Lescano fue contundente al denunciar posibles intereses empresariales detrás de la medida. “Comenzar el 2026 privatizando Petroperú es vender nuestras empresas estratégicas. Esto es puro entreguismo y negocios. Van a subir los combustibles y despedirán trabajadores al puro estilo fujimorista. Pareciera que Graña y Montero está detrás de este saqueo”, afirmó.
RIESGO PAÍS EN LA MIRA
En la misma línea, el especialista
Óscar Díaz Moscoso alertó sobre el impacto financiero del decreto y cuestionó directamente a la ministra de Economía, Denisse Miralles. “El DU que encarga a ProInversión el descuartizamiento y remate de Petroperú no hará que suban los bonos de la empresa; los va a hundir y va a elevar el riesgo país. ¿La ministra sabe esto? ¿Eso es lo
que quería?”, señaló. Según el propio Decreto de Urgencia, ProInversión reemplazaría al directorio de Petroperú, una decisión que ha sido calificada como irresponsable y peligrosa.
“¿Qué sabe ProInversión de petróleo? ¿Quién tomará decisiones técnicas? ¿Quién responderá ante acreedores y bonistas?”, cuestionó Díaz Moscoso.
“USURPACIÓN HISTÓRICA”
Desde el Congreso, la parlamentariaMargot Palacios denunció la falta absoluta de legitimidad política del Ejecutivo para tomar una decisión de tal magnitud. “Un presidente interino, investido por un accidente político y no por la voluntad popular, carece de legitimidad para firmar el destino de los hidrocarburos. Cuando José Jerí Oré suscribe este Decreto de Urgencia, no administra: comete un acto de usurpación histórica que hipoteca el patrimonio energético del Perú sin consulta ni debate”, sostuvo.
ADVERTENCIA DESDE
EL SECTOR ENERGÉTICO
El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, también cuestionó la premura del proceso, más aún en pleno calendario electoral. “En abril tenemos elecciones generales y en julio hay cambio de gobierno. Es una decisión precipitada que no analiza los efectos sobre el mercado de combustibles y la estabilidad del país”, advirtió. Las críticas convergen en un punto central: el Decreto de Urgencia no cuenta con estudios técnicos públicos, no fue debatido políticamente y se ejecuta en un contexto preelectoral, lo que refuerza las sospechas de un remate acelerado de Petroperú en beneficio de intereses privados.
