El Congreso promulgó la norma que obliga a todas las entidades del Estado a sustituir el enfoque de género en sus políticas públicas.
El Congreso promulgó este miércoles 24 de diciembre la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que sustituye la Política Nacional de Igualdad de Género vigente desde 2019. La norma, publicada como Ley N° 32535, establece un nuevo marco normativo que garantiza a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, pero elimina el enfoque de género de las políticas públicas. El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, promulgaron la ley tras vencerse el plazo constitucional sin que la Presidencia de la República la promulgara ni observara.
Del enfoque de género a la igualdad de oportunidades
La nueva ley deroga la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada mediante el Decreto Supremo 008-2019-MIMP. El texto ordena al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sustituirla por la Política Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
La norma establece que toda mención a «enfoque de género», «enfoque de equidad de género» o términos similares se entenderá como «enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres». Esta modificación terminológica tendrá efecto inmediato en todas las políticas, estrategias, planes, programas, acciones y proyectos del Estado.
Alcance y obligatoriedad
La ley comprende 12 artículos, siete disposiciones complementarias finales y una disposición derogatoria. El marco legal garantiza la dignidad, el libre desarrollo, el bienestar y la autonomía. Además, prohíbe toda forma de discriminación basada en el sexo y promueve la igualdad en los ámbitos político, laboral, económico, social y cultural.
Su cumplimiento es obligatorio para las entidades de los tres poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales, así como los demás organismos, programas y proyectos del sector público.
Aprobación y plazos
El Congreso aprobó la ley el 19 de noviembre con 78 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones. Los legisladores exoneraron el texto de la segunda votación. El Ejecutivo dejó transcurrir el plazo sin pronunciarse.
Las instituciones públicas tienen un año máximo desde la entrada en vigor de la ley para adecuar sus políticas, estrategias, planes, programas, acciones y proyectos a lo dispuesto en el nuevo marco normativo.
