Grandes empresas cambiaron de RUC para evadir devolución mientras Cofide miraba para otro lado.
Banca cobró intereses con garantía estatal pero no persiguió a morosos corporativos:
negocio redondo. Álvarez destaca emprendimiento intelectual en premiación nacional de ciencia y tecnología
El estado solo ha recuperado 6.7% de 6,000 millones transferidos:
el resto se lo quedaron las grandes fortunas del país.
Una auditoría de la Contraloría General de la República desnuda la operación perfecta: grandes empresas accedieron a más de 6,000 millones de soles en créditos garantizados por el Estado durante la pandemia, se embolsaron el dinero, cambiaron de razón social para evadir el pago, y los bancos que intermediaron la operación nunca les cobraron porque el negocio ya estaba hecho. El Estado solo ha recuperado el 6.7% de esos fondos, mientras el 58.2% se considera irrecuperable. Reactiva Perú, el programa estrella del gobierno de Martín Vizcarra, fue en realidad un mecanismo de transferencia directa de recursos públicos hacia el bolsillo del gran empresariado, con la banca como socio cómplice y el aparato estatal como facilitador incondicional.
EL CUENTAZO DE
REACTIVA PERÚ
El relato oficial vendía a Reactiva Perú como un salvavidas para la economía nacional en medio de la crisis sanitaria. Se prometían créditos accesibles para empresas afectadas, especialmente para las micro y pequeñas empresas que sostienen el aparato productivo del país.
Pero ese discurso ocultaba la realidad: el programa se diseñó sin los controles necesarios, abriendo la puerta para que las grandes corporaciones lo usaran como caja chica personal mientras las mypes quedaban relegadas y sin acceso real a los recursos.
La auditoría de la Contraloría confirma que el programa careció desde su origen de los “candados” básicos para evitar el saqueo. Las grandes empresas accedieron a los fondos públicos sin cumplir requisitos mínimos, y cuando llegó el momento de pagar, muchas simplemente cambiaron su razón social y número de RUC. Así de simple: una maniobra contable elemental les permitió evadir la devolución de millones mientras el Estado miraba para otro lado.
EL NEGOCIO REDONDO
DE LA BANCA
Los bancos que intermediaron estos créditos hicieron el negocio de sus vidas. Cobraron intereses y comisiones con la garantía del Estado, lo que eliminaba cualquier riesgo de su parte. Cuando las empresas dejaron de pagar, las entidades financieras simplemente no aplicaron sus propias políticas de cobranza. No había incentivo para hacerlo: el dinero ya estaba en sus arcas, los morosos eran clientes importantes, y el Estado eventualmente cubriría las pérdidas.
La normativa establecía que los créditos garantizados por el Estado debían ser tratados como cualquier otro préstamo comercial, pero los bancos ignoraron esa disposición. Las grandes empresas deudoras recibieron un trato privilegiado: incumplieron sin consecuencias, sin llamadas de cobranza, sin embargo de bienes, sin nada. La banca protegió a sus mejores clientes corporativos mientras socializaba las pérdidas con todos los peruanos.
Este arreglo entre grandes empresas y bancos no fue casual ni improvisado. Fue el resultado de un lobby efectivo que logró que el diseño mismo de Reactiva Perú favoreciera sus intereses. El gran empresariado sabía que el Estado cubriría las deudas impagas, y la banca sabía que cobraría sus ganancias sin asumir riesgos. Ambos sectores utilizaron al gobierno de Vizcarra, al Ministerio de Economía y Finanzas, y a Cofide como instrumentos para un saqueo legal y planificado.
COFIDE: EL GUARDIÁN
QUE NO VIGILÓ NADA
La Corporación Financiera de Desarrollo tenía como función supervisar que los créditos se otorgaran conforme a los requisitos establecidos y que las empresas cumplieran con sus obligaciones de pago. Pero Cofide optó por una supervisión cosmética, de escritorio, que evitó incomodar a nadie con poder. Se limitó a revisar la documentación que le presentaban los bancos, sin verificar si las empresas realmente calificaban para recibir fondos públicos.
Esta omisión no fue incompetencia: fue complicidad institucional. Cofide sabía perfectamente que su rol pasivo facilitaba el desvío de recursos, pero actuar hubiera significado enfrentarse a las grandes corporaciones y a la banca. La
Contraloría advierte ahora que esta falta de supervisión impide incluso identificar qué créditos fueron otorgados irregularmente, limitando cualquier posibilidad de recuperar los fondos públicos.
El resultado es que ni siquiera existe un registro confiable de quiénes se beneficiaron indebidamente del programa. El descontrol fue tan funcional a los intereses empresariales que hoy resulta casi imposible reconstruir la cadena de responsabilidades.
Así opera el Estado cuando está capturado: no como institución que defiende el interés público, sino como maquinaria al servicio del gran capital.
LAS MEDIDAS TARDÍAS QUE
NO RESUELVEN NADA
Ante el escándalo destapado por la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas implementó nuevas disposiciones para mejorar la recuperación de fondos.
Se habla de descuentos, refinanciamientos y cesión de cartera, medidas que llegan cuando cerca de 3,500 millones de soles ya se perdieron definitivamente. Son parches que intentan tapar una hemorragia que sangra desde el diseño mismo del programa. Estas medidas no tocan el problema de fondo: Reactiva Perú se concibió sin voluntad real de control, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, sin sanciones para quienes desviaran los
recursos. El Estado entregó miles de millones confiando ciegamente en que el sector privado haría un uso responsable de los fondos, cuando la experiencia histórica
demuestra lo contrario. El gran empresariado y la banca aprovecharon esa ingenuidad funcional para ejecutar un saqueo masivo a las arcas públicas.
DE LOS MÁS de 6,000 millones de soles transferidos a través de Reactiva Perú, el Estado
solo ha recuperado el 6.7% hasta la fecha. El 58.2% de estos recursos se considera
ya irrecuperable según la Contraloría, lo que representa cerca de 3,500 millones de soles
perdidos para siempre.
Esos miles de millones fueron a parar a manos de grandes empresas que no pagaron y bancos que no cobraron, mientras las micro y pequeñas empresas que realmente necesitaban el apoyo quedaban fuera del festín. El desfalco se ejecutó con garantía estatal y sin que ninguna institución pública moviera un dedo para impedirlo.
El Estado como instrumento del gran capital
Reactiva Perú desnuda cómo funciona realmente el aparato estatal cuando el poder económico decide usarlo para sus fines. No hubo aquí errores de gestión ni falta de capacidad técnica: hubo un diseño deliberado que facilitó la transferencia de recursos públicos hacia el sector privado concentrado. El gobierno de Vizcarra, el MEF y Cofide operaron como correa de transmisión de los intereses del gran empresariado y la banca, creando un programa sin controles efectivos que permitiera fiscalizar a quienes realmente mandan en este país. Las grandes corporaciones cambiaron de RUC para evadir pagos, los bancos no cobraron a sus mejores clientes corporativos, y ambos sectores se repartieron miles de millones mientras el discurso oficial hablaba de reactivación económica y apoyo a las pymes. Hoy, con 3,500 millones irrecuperables, queda claro que Reactiva Perú no fue un programa social mal ejecutado: fue un mecanismo de saqueo perfectamente diseñado para que la gran burguesía saqueara el erario con complicidad institucional. El Estado no falló: cumplió su función de servir a quienes concentran el poder económico.
