En el último día de legislatura y cuando la atención pública está dispersa, el Congreso se prepara para intentar aprobar —contra viento y marea— la cuestionada ley que modifica el régimen de casinos y apuestas deportivas, una iniciativa que ha sido rechazada por el Ejecutivo, por la actual ministra de Economía y Finanzas y por diversos analistas tributarios.
Según fuentes parlamentarias, el principal operador detrás de esta maniobra sería Ilich López, primer vicepresidente del Congreso, quien estaría esperando el momento exacto para asumir la conducción de la Mesa Directiva y forzar el ingreso del proyecto a la agenda del Pleno, pese a que no cuenta con consenso técnico ni apoyo externo.
Una ley hecha a medida de las casas de apuestas
Los especialistas consultados han sido tajantes: esta norma reduce la carga tributaria y los mecanismos de control para el sector de apuestas deportivas y plataformas de juego remoto, lo que significaría un grave perjuicio para la recaudación nacional.
La ministra de Economía advirtió que la propuesta
• debilita la supervisión,
• recorta ingresos fiscales proyectados,
• crea vacíos regulatorios que favorecen la evasión,
• y abre la puerta a beneficios injustificados para operadores privados.
En otras palabras, el único ganador sería el negocio de las apuestas, mientras el Estado perdería recursos esenciales para salud, educación y seguridad.
App y aliados detrás del proyecto
Aunque el dictamen no tiene respaldo técnico, en los pasillos del Congreso se comenta que detrás de la presión para aprobarla se encuentran también congresistas de Alianza para el Progreso (APP), que tendrían vínculos con operadores del sector y estarían interesados en aprobar la norma antes del cierre del periodo legislativo.
Las mismas fuentes señalan que la estrategia consiste en aprovechar el caos del último día, incluir el proyecto en el Pleno “de contrabando” y empujar una votación rápida, evitando el debate público.
Ejecutivo y expertos alertan: es una ley dañina para el país
El Ejecutivo ya observó una versión anterior de esta iniciativa por sus serias deficiencias. Diversos economistas y especialistas en políticas públicas han reiterado que permitir que esta norma avance sería un retroceso, pues:
• reduce ingresos que hoy recauda el Estado,
• beneficia a un sector que mueve cientos de millones pero aporta poco,
• compromete la transparencia del sistema tributario,
• y abre espacio para nuevas formas de elusión y lavado.
Un Congreso que insiste en legislar a espaldas del país
Pese a todas las advertencias, el bloque que impulsa la norma busca aprovechar las horas finales para aprobarla sin mayor control ciudadano. Si lo logran, el Congreso volvería a demostrar que no trabaja por el interés público, sino por intereses privados que operan desde las sombras.
