Indignante red del “club farmacéutico” golpea a miles de familias peruanas.
La investigación de Indecopi reveló el funcionamiento del llamado club de las farmacéuticas, una organización clandestina de laboratorios que pactó
precios y manipuló procesos para beneficiarse ilícitamente durante años.
En el centro del escándalo aparece Medifarma, una de las compañías más poderosas del sector, acusada de haberse coludido para encarecer medicamentos esenciales destinados a pacientes vulnerables.
Según los documentos difundidos por el investigador del semanario “Hildebrant en sus 13” las farmacéuticas implicadas —entre ellas Medifarma— habrían coordinado ilegalmente la
asignación de lotes, posturas y precios en compras públicas, afectando directamente el abastecimiento del Estado y castigando el bolsillo de millones de peruanos que dependen de tratamientos continuos.
El impacto es devastador: medicinas para enfermedades crónicas, oncológicas y de alto costo fueron manipuladas en el mercado para maximizar ganancias privadas mientras hospitales y familias enfrentaban desabastecimiento y precios inflados.
Expertos en derecho de la competencia advierten que se trata de uno de los mayores escándalos corporativos de la última década, con indicios claros de corrupción sistemática.
Diversas voces exigen ahora que el Ministerio Público abra investigación penal por colusión agravada, fraude al Estado y afectación a la salud pública. Mientras tanto, Medifarma y las demás empresas involucradas guardan silencio, pese a que las sanciones administrativas podrían alcanzar cifras millonarias y abrir la puerta a demandas civiles del Estado.
En un país donde miles luchan por acceder a medicinas básicas, la revelación del “club farmacéutico” muestra una vez más cómo el negocio privado se impuso sobre el derecho a la vida.
Abogados de las 13 farmacéuticas involucradas intentan revertir esta sentencia de primera instancia emitida por el ente regulador pero las pruebas son contundentes. Uno de los 13 laboratorios fue el que al verse descubierto optó por un procedimiento de clemencia (similar a la colaboración eficaz en el sistema judicial) y entregó chats del aplicativo WhatsApp desde donde los funcionarios de dichos laboratorios coordinaban para generar escasez y subir los precios de los medicamentos mientras seres humanos morían en hospitales. También hay correos electrónicos entre empresas y otros documentos entregados por la empresa colaboradora. Lo peor de esta historia es que todos los laboratorios implicados siguen siendo proveedores del Estado peruano.
