El ministro Vicente Tiburcio anunció el plan «Tolerancia Cero a la Corrupción» que incluye pruebas de confiabilidad y la reorganización de las oficinas de disciplina policial
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reveló que la Policía Nacional del Perú aplica desde este año pruebas de polígrafo tanto a efectivos en actividad como a postulantes de las escuelas de formación policial. La medida forma parte del plan «Tolerancia Cero a la Corrupción», presentado en conferencia de prensa junto al comandante general Oscar Arriola y el inspector general Carlos Céspedes. Durante 2025, el sector ha sancionado a 4,188 policías, de los cuales 570 casos están vinculados directamente a actos de corrupción.
Una reorganización que busca recuperar confianza
El titular del Mininter explicó que la estrategia no se limita a las pruebas de control. El ministerio ordenó reorganizar las oficinas de disciplina en todo el país y creó en Lima una oficina de disciplina especial. «Hemos iniciado la aplicación de pruebas de control y confiabilidad, como el polígrafo, a personal en actividad y postulantes a las escuelas de formación policial», declaró Tiburcio.
La reorganización administrativa busca reforzar los mecanismos de supervisión interna. Las nuevas estructuras disciplinarias tendrían mayor autonomía para investigar y procesar denuncias contra efectivos policiales. Sin embargo, el gobierno no detalló qué criterios específicos guiarán estas investigaciones ni cómo se garantizará la transparencia en los procesos.
Sanciones masivas y un mensaje de mano dura
De los 4,188 policías sancionados este año, 1,456 fueron separados definitivamente mediante pase al retiro. Otros 594 enfrentan medidas preventivas como separación temporal del cargo mientras se resuelven sus casos. Las cifras revelan que, más allá de los 570 casos de corrupción, existen miles de sanciones por otras faltas disciplinarias.
«No toleramos la corrupción, no protegemos a nadie, no retrocedemos», enfatizó el ministro. El discurso oficial proyecta firmeza, pero quedan dudas sobre la efectividad de estas medidas frente a problemas estructurales de la institución policial. El polígrafo, por ejemplo, no constituye prueba legal definitiva en muchos sistemas judiciales y su implementación ha generado controversia en otros países por su margen de error.
