El premier expuso ante la Comisión de Constitución la urgencia de aprobar 58 medidas de emergencia. Álvarez advirtió que décadas de criminalidad consolidaron estructuras delictivas infiltradas en el Estado.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, expuso ante la Comisión de Constitución del Congreso la solicitud de delegación de facultades legislativas por 60 días. El Ejecutivo plantea implementar 58 medidas urgentes para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país. De ese total, 26 se refieren a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad violenta, 24 al crecimiento económico responsable y 8 al fortalecimiento institucional.
«Nos dirigimos al Parlamento, que es el único que representa al electorado en sus diversas perspectivas, a fin de solicitar medidas de emergencia para enfrentar la crisis política y social porque el ciudadano común es el que enfrenta esta criminalidad violenta», señaló Álvarez. El premier justificó la urgencia en el avance de la criminalidad durante décadas. Este proceso permitió la consolidación de estructuras delincuenciales y su infiltración en instituciones del Estado.
Una superintendencia para transformar los penales
Entre las propuestas destaca la creación de una superintendencia nacional de internamiento y resocialización. Álvarez reconoció que la actual gestión no alcanzará a concretarla completamente. «Se trata de dotar de una nueva institución que garantice la seguridad de los penales y la distribución correcta de los internos, para evitar que los de suma peligrosidad se mezclen con los reos primarios. Posiblemente no lleguemos a su concreción, pero queremos dejar los cimientos para que el próximo gobierno siga desarrollando la idea y la implemente a cabalidad», indicó.
Castigar la amenaza antes del delito
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, detalló otra medida clave. El Ejecutivo propone modificar el Código Penal para castigar penalmente las conductas previas al delito de extorsión. Esta modificación permitiría al Estado intervenir desde el primer acto de amenaza y actuar «con la máxima fuerza» para proteger a las víctimas.
Tiburcio presentó un balance de la gestión actual. El gobierno desarticuló 18 organizaciones criminales y más de 1,600 bandas delictivas. Las autoridades capturaron más de 9,000 requisitoriados e incautaron 803 armas de fuego. La propuesta ahora queda en manos del Congreso para su evaluación y aprobación.
