Por: Marco Cáceres A.
Especialista en Comunicación y Marketing Político
La reciente decisión de la Comisión de Energía y Minas de aprobar una nueva prórroga del REINFO hasta el 2027 es un grave retroceso para el país. Lejos de impulsar la formalización minera, el Congreso vuelve a extender una puerta abierta que beneficia a operadores informales e incluso a redes vinculadas a la minería ilegal. Es, en realidad, una movida profundamente política que se conecta con la antesala de las elecciones generales del 2026.
El recuerdo reciente de los cuestionamientos sobre financiamiento político procedente de operadores de minería ilegal en campañas previas no es un secreto. Investigaciones periodísticas, fiscales y de la propia Unidad de Inteligencia Financiera han documentado que la minería ilegal y la informalidad aurífera han financiado campañas congresales y locales, especialmente en regiones como Madre de Dios, Puno, Cusco y La Libertad.
En ese contexto, la prórroga del REINFO no luce como una política pública, sino como una concesión, un mensaje peligroso en un país donde el Congreso carga con una crisis de legitimidad y donde el voto regional tiene un peso decisivo para 2026.
Siendo así, el REINFO, en vez de servir al Estado, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de penetración política del crimen organizado.
Además, la extensión del REINFO podría perpetuar la contaminación con mercurio, la deforestación y la expansión de economías criminales que operan en Madre de Dios, La Libertad, Puno y otras regiones. Además, debilita el proceso de formalización al desalentar a quienes sí han cumplido con los requisitos.
Si esta prórroga se aprueba en el pleno del Congreso, quedará claro que la Comisión de Energía y Minas ha preferido el aplauso fácil antes que la responsabilidad histórica. Ha optado por una agenda corporativa y territorial antes que por una política ambiental seria.
El 2026 debería ser la oportunidad para una renovación democrática, pero si seguimos blindando estructuras irregulares con una norma que perpetúa la informalidad, favorece actividades ilícitas y debilita la institucionalidad, corremos el riesgo de que el próximo Congreso -y quizá el próximo gobierno- nazca otra vez hipotecado por intereses que operan fuera de la ley.
