Empresas constructoras exigen el pago de servicios realizados en el nuevo terminal mientras LAP afirma estar al día con el consorcio principal
Treinta y cinco empresas que participaron en la construcción del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez protagonizaron este martes una protesta en el segundo nivel de la infraestructura para exigir el pago de 82 millones de dólares por trabajos ejecutados. Los manifestantes denunciaron que algunas facturas tienen hasta dos años de retraso, mientras Lima Airport Partners (LAP) descartó tener deudas pendientes y atribuyó el conflicto a un problema entre el consorcio constructor Inti Punku y sus proveedores.
La protesta reunió a representantes y trabajadores de las empresas contratistas que prestaron servicios durante la construcción del nuevo terminal aeroportuario. Los manifestantes portaron pancartas y denunciaron que no recibieron el pago correspondiente por los trabajos realizados.
Una de las trabajadoras explicó que la deuda alcanza los 82 millones de dólares distribuidos entre las 30 empresas presentes. «Hay proveedores que tenemos hasta más de dos años sin pago», declaró a RPP. La manifestante agregó que cada empresa tiene aproximadamente 100 trabajadores afectados por esta situación.
Los protestantes solicitaron una programación de pagos con cronograma definido. «Tenemos toda la voluntad, pero que nos den una señal de pago», expresó la trabajadora. La manifestación contó con presencia policial para resguardar la zona, aunque el flujo de turistas hacia el área de taxis continuó sin mayores contratiempos.
LAP deslinda responsabilidades
José Antonio Hernández Oliva, vocero de Lima Airport Partners, rechazó las acusaciones y afirmó que la concesionaria cumplió con todas sus obligaciones financieras. «Ese pedido es falso. Nosotros como LAP hemos pagado el 100% de las obligaciones con el consorcio», aseguró el representante.
Hernández Oliva explicó que LAP contrató al consorcio Inti Punku para el diseño, construcción y procura del terminal. «Estamos absolutamente al día, no le debemos nada», enfatizó. El vocero identificó al consorcio como una agrupación conformada por las empresas Sacyr y Cumbra Ingeniería y Construcción.
Según el representante de LAP, el conflicto responde a una deuda entre el consorcio constructor y sus proveedores directos. Hernández Oliva indicó que la concesionaria intentó mediar en el problema. «Yo personalmente me he reunido con unas cincuenta de esas empresas para entender la deuda o la supuesta deuda y tratar de pasar la información al consorcio e instar a que cumplan con sus obligaciones lo antes posible», concluyó.
