La Fiscalía solicitó en dos ocasiones al juez de Iquitos archivar la investigación, fondos que se habrían utilizado en la campaña electoral.
Audiencia de control de sobreseimiento solicitado por la fiscalía y los Meléndez-Torres
El pasado 20 de octubre pasó desapercibida en Iquitos la audiencia de archivo de la investigación seguida contra la congresista de APP Rosio Torres Salinas, el exgobernador de Loreto Fernando Meléndez Celis, los padres de la parlamentaria (Neri Salinas Dávila y Cirilo Torres Pinchi), Francisco Sanjuro Dávila, la condenada por tráfico ilícito de drogas (TID) Ana Luisa Sandi Campos y su esposo Samuel Tamani.
Según el expediente judicial al que accedió este diario, en el acta de sobreseimiento se aprecia que la sesión fue presidida por el juez Alixey Swidin. Se apersonó como defensa técnica de Fernando Meléndez el abogado Mateo Castañeda Segovia —investigado por tráfico de influencias en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’—.
Asimismo, el abogado Jorge Bardales se presentó como defensa de la parlamentaria Rosio Torres. Cabe precisar que Bardales fue defensa técnica de 14 testigos en la investigación seguida contra la congresista de APP por el recorte de sueldos a sus trabajadores, que sigue la Fiscalía de la Nación por los delitos de concusión y peculado de uso.
Es importante precisar que esta investigación se inició luego de que se difundieran varias cartas remitidas por la sentenciada por narcotráfico Ana Sandi, quien solicitó al electo gobernador regional Fernando Meléndez la devolución de S/ 3.5 millones que le había entregado a través de su esposo Samuel Tamani. Este último le transfirió e hizo entregas en efectivo al entonces candidato para la campaña electoral al gobierno regional del año 2014.
Congresista Rosio Torres departiendo con Jueces y Fiscales en Loreto
Encubrimiento fiscal
El 18 de abril de 2016, la Fiscalía elevó al juzgado de investigación preparatoria la Carpeta 184-2014, con la cual formalizaba denuncia contra la familia Meléndez-Torres por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La investigación comenzó luego de que el ciudadano Billy Arévalo denunciara, el 20 de mayo de 2014, al entonces gobernador Fernando Meléndez, líder del Movimiento Independiente Integración Loretana (MIL). La denuncia era por haber obtenido fondos públicos de forma ilegal cuando se desempeñó como jefe de Abastecimiento de la Dirección Regional Educativa de Loreto, que presidía su suegro Cirilo Torres —quien estuvo prófugo de la justicia por dos décadas y fue procesado por el delito de apropiación ilícita de S/ 19 millones—. Meléndez declaró ante el JNE tener ingresos de S/ 2.000 mensuales.
Además, la Fiscalía tomó conocimiento de las cartas remitidas por la condenada por narcotráfico Ana Sandi, quien le solicitó a Meléndez la devolución de los S/ 3.5 millones que le envió a través de su esposo Samuel Tamani, utilizados para financiar la campaña electoral del año 2014.
Sin embargo, el fiscal Guillermo Figueroa Cruz cambió de opinión el 28 de agosto de 2019 y remitió al juzgado el requerimiento de sobreseimiento al no haber podido demostrar de forma fehaciente que Meléndez recibió S/ 3.5 millones provenientes del TID. Asimismo, Figueroa enfatiza que no ha podido demostrar que Rosio Torres trasladó por vía fluvial $ 30.000 de procedencia ilícita desde Yurimaguas hasta Iquitos, hechos que habrían sucedido entre los años 2012 y al 2014.
Ante la insistencia de la Fiscalía por archivar la investigación, el juez Alixey Swidin solicitó la intervención de las procuradurías de lavado de activos, orden público y tráfico ilícito de drogas, en vista de que se acreditó que Ana Sandi fue sentenciada por narcotráfico el 3 de septiembre de 2002. Además, señaló que los fondos entregados provendrían de la actividad ilícita y que el fiscal no había solicitado el levantamiento del secreto bancario de la denunciante para corroborar las transferencias realizadas.
También el juez Swidin le enmendó la plana al fiscal, quien se centró en determinar el desbalance patrimonial de la familia Meléndez-Torres. El juez refirió: “Así también, refiere que la presente investigación solo se ha centrado en el presunto crecimiento patrimonial del investigado como persona natural; sin embargo, de los hechos concomitantes se tiene que dicho investigado se presenta como candidato y líder de la Agrupación Política quien habría gastado la suma de S/ 3’500.000, de lo cual no se ha recabado ninguna información, pues solo se tiene acreditado que el aporte realizado para la agrupación política fue de S/ 17.000”.
El fiscal obvió levantar el secreto de las comunicaciones de Samuel Tamani y Ana Sandi con el investigado Fernando Meléndez, a quien le hizo reiteradas llamadas desde el penal de Iquitos donde se encontraba recluida. Tampoco verificó la versión de Tamani respecto a que Sandi en la época de los noventa estuvo recluida en el mismo penal y compartió celda con Neri Salinas, madre de la parlamentaria.
Por ese motivo, el juez dispuso que la Fiscalía realice estas diligencias antes de solicitar el archivo de la investigación seguida contra Fernando Meléndez, la parlamentaria Rosio Torres y sus familiares.
Finalmente, una fuente de la Corte de Justicia de Loreto señaló que existe presión para que la investigación se archive y evitar que se acumulen los nuevos elementos recabados por la procuraduría de TID. Esta expuso durante la audiencia que un medio nacional había grabado al narcotraficante Manuel Moura García saliendo del inmueble de los Meléndez Torres, quien también visitó en reiteradas ocasiones el despacho de la parlamentaria Rosio Torres.
