El legislador de Renovación Popular solicita a la APCI iniciar un procedimiento disciplinario contra el IDL y la CNDDHH por presunto uso indebido de fondos internacionales. Las organizaciones emitieron un pronunciamiento pidiendo el reemplazo de Tomás Gálvez.
El congresista José Cueto pidió a la directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Noelia Pantoja, evaluar el inicio de un procedimiento disciplinario contra el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). El legislador de Honor y Democracia los acusa de usar indebidamente los fondos que reciben de la cooperación técnica internacional. La solicitud se basa en un pronunciamiento público de ambas organizaciones que pidieron el reemplazo del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.
El pronunciamiento que generó la denuncia
Cueto respalda su pedido en una publicación del diario La República del 11 de noviembre. En esa nota se informó que el IDL y la Coordinadora de Derechos Humanos pidieron la elección urgente de una nueva persona a cargo de la Fiscalía de la Nación. Las organizaciones acusaron a Gálvez de carecer de independencia.
Para el congresista, este pronunciamiento demuestra que ambas organizaciones emplean recursos de cooperación internacional para fines políticos. Según su argumento, estas ONG intervienen en el debate público sobre la continuidad del titular del Ministerio Público con dinero destinado a otros propósitos institucionales.
Los artículos que invoca Cueto
El legislador invoca la Ley N.º 32301, que modifica la Ley de creación de la APCI. Específicamente cita los literales C y E del artículo 13 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la APCI. Estos literales sancionan el uso indebido de donaciones y la variación de actividades sin la debida sustentación.
El literal C considera infracción muy grave utilizar los recursos de la Cooperación Técnica Internacional para asesorar, asistir o financiar acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza contra el Estado Peruano. El literal F señala como falta muy grave destinar recursos hacia actividades declaradas administrativa o judicialmente como actos que afectan el orden público, la seguridad ciudadana o la defensa nacional.
Las infracciones muy graves se sancionan con multa determinada según la metodología para imposición de multas aprobada por la APCI. Si prospera la evaluación solicitada, el caso podría convertirse en el primer proceso sancionador relevante bajo el nuevo marco legal.
La respuesta de las organizaciones
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó el pedido de Cueto. La organización señaló que la solicitud busca sancionar a quienes defienden la institucionalidad democrática. En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la CNDDHH afirmó que esta acción vulnera el derecho a la libertad de expresión.
La Coordinadora sostiene que la modificatoria de la Ley APCI busca acallar las voces críticas frente a casos de presunta corrupción. La organización considera que el pedido del congresista representa un intento de limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país.
