El congresista Rospigliosi plantea reforma total del sistema de justicia, control migratorio y estado de excepción para enfrentar el crimen organizado
El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, propuso una reforma radical del sistema judicial peruano durante su participación en CADE Ejecutivos 2025. El congresista denunció que el Poder Judicial persigue a policías y militares mientras libera delincuentes y terroristas, y planteó una intervención que incluye la remoción de magistrados, redadas masivas, prisiones provisionales y un estado de excepción para contener la delincuencia.
Diagnóstico de colapso institucional
Rospigliosi Capurro presentó su diagnóstico desde el Centro de Convenciones de Lima. «Tenemos un sistema judicial que se dedica a perseguir policías y militares y a liberar delincuentes y terroristas», afirmó. El legislador descartó soluciones graduales: «Para resolver los problemas de seguridad ciudadana hoy día en el Perú se requieren soluciones radicales. Si pensamos que con métodos normales vamos a solucionar un problema que ha rebasado largamente la capacidad de las instituciones para enfrentarlo, estamos equivocados».
Purga judicial y reforma policial
El congresista propuso «barrer el sistema judicial» porque considera que el esquema actual favorece la impunidad. Planteó que el Congreso vote la remoción de un porcentaje significativo de magistrados. También cuestionó la existencia de decenas de fiscalías especializadas que, según él, persiguen a policías y militares en lugar de defender los derechos humanos.
Rospigliosi Capurro demandó una política anticorrupción dentro de la Policía Nacional y señaló que el sistema penitenciario enfrenta una crisis. Citó el caso del penal del Callao, diseñado para 500 internos pero que alberga 3,500.
Migrantes y plan de choque
El legislador responsabilizó a la política migratoria por agravar la crisis de seguridad. Citó cifras policiales sobre la llegada de 30,000 o 40,000 ciudadanos venezolanos catalogados como «muy violentos» que provocaron un aumento de homicidios y extorsiones.
Propuso un plan de acción inmediata: estado de excepción, redadas masivas, prisiones provisionales y construcción de más cárceles. El país requiere un liderazgo decidido para contener «esa delincuencia tan violenta, tan extendida e impune», concluyó.
