Nueva ley establece medidas extraordinarias de prevención, respuesta inmediata y apoyo financiero para empresas de transporte público y de carga afectadas por extorsión y sicariato
El Congreso promulgó la Ley N.º 32490 para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato que golpean a las empresas de transporte público y de mercancías. La norma busca garantizar la continuidad del servicio mediante acciones de prevención, respuesta inmediata y recuperación económica. Entre las medidas principales destacan el monitoreo de cuentas bancarias donde se depositan los «cupos», la capacitación de trabajadores del sector y la creación de un grupo especializado contra estos delitos.
Monitoreo financiero y sistemas de vigilancia
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP verificará que las empresas supervisadas monitoreen la recepción de pagos en efectivo bajo conceptos como «cupos», «vacuna» o «colaboración». El objetivo es detectar movimientos ilícitos hacia cuentas bancarias, transferencias interbancarias, remesas y billeteras digitales. La Policía Nacional proporcionará a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú acceso en línea a su base de datos de personas que realizan operaciones sospechosas.
Los gerentes, propietarios, conductores y cobradores recibirán capacitación en detección y denuncia de actos extorsivos. La Policía elaborará mapas georreferenciados de extorsión y sicariato con alertas tempranas en 30 días. El Ministerio de Transportes evaluará rutas, paraderos y buses que cuenten con sistemas de vigilancia integrados al Sistema C5i.
Respuesta inmediata y extinción de dominio
Las medidas de respuesta estarán a cargo del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y los ministerios de Economía y Transportes. Las empresas afectadas recibirán créditos blandos y exoneraciones temporales para su reactivación.
La ley dispone la extinción de dominio sobre bienes, fondos e instrumentos financieros en cuentas bancarias y billeteras electrónicas utilizados para recibir, transferir o administrar recursos provenientes de extorsión o sicariato. El nuevo Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato funcionará con ámbito nacional, conformado por personal de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.
