¡Escándalo en el Ministerio de Energía y Minas! Víctor Orlando Haro Corales , un controvertido exfuncionario con lazos directos a la corrupción política, está a punto de ser nombrado viceministro de Minas. Propuesto por el partido Somos Perú, controlado por Patricia Li –la maestra y protectora del presidente José Jeri–, este nombramiento huele a recompensa por favores sucios y pone en jaque la lucha contra la minería ilegal.
Haro no es un novato en el pantano de la política. Hasta 2022, fue Director Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Áncash, donde supuestamente repartió títulos mineros a dedo a empresas ligadas a peces gordos de Somos Perú. Entre ellos, Jorge Valdés, esposo de Gina Gálvez, la actual asesora principal de la bancada, excandidata a la alcaldía de Surco y exgerente municipal de La Molina. ¿Coincidencia? Fuentes afirman rotundamente.
Por si fuera poco, pone en riesgo toda lucha contra la minería ilegal, porque durante su paso como director de Energía y Minas en Ancash, se dedicó a darle títulos de concesión a mineros que amparados en el tan cuestionado REINFO han hecho de la impunidad su escudo. Por ejemplo el exsuprefecto de la provincia del Santa Luis Antonio Escamilo Flores fue uno de los tantos beneficiados con un titulo de número 52-00011 y al que se le otorgó 500 hectáreas. Y si queda duda que es un minero informal éste señor Escamilo posee 4 números de REINFO pero actualmente está fuera de esa lista es decir es un minero ilegal que sigue explotanto y contaminando. Y como él hay cientos más.
Peor aún: después de Áncash, Pedro Castillo lo catapultó como director de Sanipez, a pedido expreso de Guillermo Bermejo, el controvertido legislador. Semanas antes del fallido autogolpe de Castillo, Haro visitó a Bermejo y al expresidente por «motivos personales», según los registros oficiales. Pero no se equivoquen: todo apunta a que tramaban su ascenso al Ministerio de Energía y Minas, un puesto clave para blindar operaciones turbias.
Víctor Orlando Haro Corales, el controvertido exdirector regional de Energía y Minas en Áncash, se enreda directamente en la red de minería ilegal a través de sus lazos inquebrantables con Pedro Castillo y Guillermo Bermejo, dos figuras políticas ahora tras las rejas por graves delitos que incluyen vínculos probados con esta actividad criminal que devora los recursos del país.
Castillo, preso desde su fallido autogolpe de 2022 y aún bajo juicio con pedido de 34 años de cárcel, financió su gobierno con millones de la minería ilegal, extendió plazos de formalización para blindar a mineros informales y usó hasta su propio proceso judicial para avalar estas operaciones destructivas, como revelan investigaciones que lo conectan con donantes turbios encontrados en allanamientos.
Bermejo, recién sentenciado a 15 años de prisión efectiva por afiliación terrorista a Sendero Luminoso y trasladado al penal de Ancón I en octubre de 2025, comparte esta sombra oscura, ya que sus redes en el VRAEM y alianzas políticas facilitaron la articulación de la minería ilegal con grupos armados, según denuncias que exponen cómo usaba su influencia congresal para proteger estas mafias. Haro, nombrado por Castillo a pedido de Bermejo como director de Sanipez y con visitas sospechosas a ambos semanas antes del golpe –registradas como «personales» pero cargadas de tramas ministeriales–, repartió títulos mineros en Áncash a empresas ligadas a dirigentes de Somos Perú, abriendo puertas a la informalidad rampante que estos líderes protegían, convirtiéndolo en un engranaje clave de este saqueo que deja ríos envenenados y comunidades destruidas, todo por favores políticos que ahora amenazan con revivirlo como viceministro.
¡Basta ya! El Congreso debe frenar esta aberración antes de que Haro y su red de corruptos terminen de saquear lo que queda de la minería peruana. La ciudadanía exige cuentas claras, no más favores entre compadres. ¿Quién detendrá esta cadena de impunidad?
