La Defensoría de la Policía acusa a la representante del Ministerio Público de destruir pruebas y encubrir a investigados por receptación agravada
La fiscal Katherine Flores Tasayco enfrenta denuncias penales y administrativas tras romper un acta de intervención de dos detenidos en la comisaría de El Agustino. El general Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía Nacional, confirmó que la institución procederá legalmente contra la representante del Ministerio Público por destrucción de documento público y encubrimiento real. El incidente, grabado en video por efectivos policiales, muestra una discusión que escaló hasta la ruptura del documento oficial.
Tensión en la sede policial
El conflicto surgió cuando la fiscal cuestionó el contenido del acta elaborada por la Divincri de El Agustino. Flores Tasayco alegó que los policías intentaron agregar información sin su autorización y que solicitó corregir códigos del documento. «Pretendían agregar eso a la carpeta fiscal sin hacer la corrección que yo les había indicado», afirma en el video. Los agentes respondieron que el acta estaba lista para enviarse según sus indicaciones.
La situación derivó en la destrucción del documento. La fiscal justificó su acción señalando que se intentaba incorporar información sin rectificación previa. Los policías presentes objetaron la decisión, recordándole que el acta ya estaba formalizada y firmada. Uno de los efectivos cuestionó directamente: «Acá el problema es por qué usted rompe el documento».
créditos: @acepoloficial (tiktok)
Acusaciones de encubrimiento
Ramírez calificó el hecho como grave y señaló que afecta investigaciones en curso. «Esta fiscal, con su actitud, lo que ha permitido es encubrir las pruebas, destruir las pruebas para liberar a dos personas que estaban siendo investigadas por el delito de receptación agravada», declaró a RPP. Los dos detenidos tenían en su poder 60 faros de vehículos de lujo, según la PNP.
La Divincri presentó denuncia ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público por destrucción de documento público y atentado contra pruebas. Ramírez adelantó que interpondrá una denuncia penal adicional por tres delitos que, según indicó, pueden implicar penas de dos a diez años de prisión.
Los intervenidos recuperaron su libertad cuando se cumplía el plazo máximo de 48 horas de detención. Para la Defensoría Policial, la ruptura del acta influyó directamente en ese resultado. El Ministerio Público no se ha pronunciado sobre el incidente hasta el momento.
