La iniciativa busca proteger a magistrados que enfrentan amenazas mediante el uso de herramientas tecnológicas en audiencias y procesos judiciales
El Congreso prepara un proyecto de ley que permitirá ocultar la identidad de jueces y fiscales titulares que investiguen y procesen delitos de extorsión, sicariato y crimen organizado. La medida responde al incremento de amenazas contra operadores de justicia por parte de organizaciones criminales que acceden con facilidad a datos personales de funcionarios públicos.
Una respuesta ante la ola de amenazas
La congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, lidera esta iniciativa legislativa. Según explicó, la propuesta establece medidas excepcionales para el juzgamiento de criminales de alta peligrosidad. El objetivo central es garantizar la integridad física de los magistrados sin paralizar la administración de justicia.
La parlamentaria precisó que el proyecto utilizará herramientas digitales para que fiscales y jueces puedan cumplir sus funciones sin exponerse físicamente. Esta protección operaría mediante códigos identificatorios que solo manejarían el Ministerio Público y el Poder Judicial. La medida se aplicaría exclusivamente en casos debidamente motivados que involucren a detenidos de alta peligrosidad.
Diferencias con los «jueces sin rostro»
Juárez rechazó comparaciones con los cuestionados «jueces sin rostro» de décadas pasadas. Argumentó que la tecnología actual permite transparencia institucional sin exponer personalmente a los operadores de justicia. El sistema garantizaría que las autoridades judiciales tengan información certera sobre la identidad del magistrado actuante, aunque esta permanezca oculta para los procesados.
La congresista enfatizó que los medios tecnológicos actuales marcan la diferencia. El Ministerio Público y el Poder Judicial definirían qué herramientas digitales resultan convenientes para cada caso. Esta flexibilidad técnica distingue la propuesta de aquellos sistemas que carecían de controles institucionales adecuados.
La magnitud del problema
La propuesta surgió tras una reunión entre Juárez y el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. En ese encuentro, la legisladora conoció datos alarmantes: existen aproximadamente 80 fiscales amenazados por el crimen organizado a nivel nacional. «Es imposible que la policía pueda darles seguridad las 24 horas del día», reconoció la congresista.
La vulnerabilidad de los datos personales agrava el panorama. Juárez reveló haber recibido amenazas con fotografías de sus hijas y la dirección de su casa. «¿Con qué te amenazan? Con atentar contra tu familia», declaró. Este testimonio evidencia cómo las organizaciones criminales utilizan información privada como herramienta de presión. La iniciativa llega tras las denuncias de Carmen Velarde, jefa de la Reniec, sobre el acceso irregular que tienen los delincuentes a bases de datos estatales.
