La Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín confirmó el archivo definitivo del proceso iniciado en 2021 contra Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos vinculado a la minera Chinalco. Pericia contable determinó que no existe desbalance patrimonial
La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Junín notificó el 21 de octubre la conclusión definitiva del caso. Una pericia contable determinó que el investigado tiene un saldo dinerario que indica que no presenta un desbalance patrimonial. Tras cuatro años de investigación, las autoridades judiciales decidieron archivar la carpeta fiscal por ausencia de elementos probatorios.
El proceso se inició en junio de 2021. La Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos planteó que Cerrón habría obtenido ganancias ilícitas relacionadas con el reasentamiento de Morococha. La hipótesis fiscal sostenía que el líder de Perú Libre recibió supuestamente 15 millones de dólares de la empresa Chinalco. Sin embargo, la fiscalía no logró demostrar ningún incremento patrimonial irregular.
Dos sentencias anuladas en marzo de 2025
Este archivo se suma a dos importantes absoluciones judiciales para Cerrón. La Corte Suprema revocó en marzo de 2025 la sentencia que lo condenaba a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka. El tribunal señaló que no se completó la cadena indiciaria para comprobar el delito de colusión simple. Los magistrados determinaron que se vulneró la presunción de inocencia.
Días después, el Tribunal Constitucional anuló la condena de 4 años de prisión suspendida por negociación incompatible en el caso La Oroya. El fallo señaló que las sentencias carecían de debida motivación porque se condenó a Cerrón por hechos diferentes a los que fue acusado por la Fiscalía. El TC ordenó al juzgado de primera instancia emitir un nuevo pronunciamiento.
Con estas absoluciones, dos inhabilitaciones para ejercer función pública quedaron anuladas. Cerrón había sido destituido como docente universitario en 2019 debido a la sentencia del caso La Oroya. Ahora ha solicitado su reincorporación como profesor.
Caso Antalsis y Dinámicos del Centro
En enero de 2025, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la prisión preventiva de 18 meses que pesaba sobre Cerrón en el caso Antalsis. El tribunal consideró que la resolución carecía de justificación adecuada para sustentar la proporcionalidad de la medida restrictiva. Posteriormente, en abril, el juez Richard Concepción Carhuancho le impuso comparecencia simple en este caso, permitiéndole enfrentar el proceso sin restricciones graves.
Sin embargo, mantiene vigente una prisión preventiva de 24 meses por el caso Dinámicos del Centro. Esta investigación lo señala como presunto líder de una organización criminal que habría lavado activos para financiar a Perú Libre entre 2008 y 2021. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó en junio el pedido de su defensa para variar esta medida. La Tercera Sala Superior de Apelaciones confirmó la decisión en julio, señalando que Cerrón no presentó nuevos elementos de convicción.
Guerra judicial y narrativa del lawfare
Perú Libre ha definido como una de sus líneas estratégicas de acción la exposición y combate al lawfare. El partido señala que enfrenta una guerra jurídica con pretensiones de criminalizar a la organización mediante acusaciones que se convierten en denuncias, creación de carpetas fiscales, detenciones arbitrarias y allanamientos a domicilios.
La agrupación política sostiene que existe un patrón sistemático de persecución. Perú Libre afirma que el Ministerio Público y el Poder Judicial desplegaron desde las regiones una estrategia de investigaciones irregulares y sentencias preconstituidas destinada a neutralizar el proyecto transformador del partido.
El líder de Perú Libre permanece en condición de no habido desde octubre de 2023. A pesar de la anulación de las sentencias por Aeródromo Wanka y La Oroya, mantiene una orden de captura nacional e internacional por el caso Dinámicos del Centro. Las autoridades ofrecen una recompensa de 500 mil soles por información que lleve a su ubicación. Desde la clandestinidad, Cerrón mantiene el control político de Perú Libre y ha publicado más de 1,700 mensajes en redes sociales denunciando persecución judicial.
