El gobierno cancela credenciales de tres funcionarios diplomáticos mediante resoluciones supremas publicadas en El Peruano
El gobierno de José Jerí ordenó este miércoles el cese de Gustavo Adrianzén como representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas. La medida se oficializó mediante resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano y alcanza también a otros dos altos funcionarios diplomáticos en Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
La decisión cancela las Cartas Credenciales y Plenos Poderes que Adrianzén tenía para ejercer el cargo. La fecha exacta del término de funciones será definida por una resolución ministerial posterior. El documento lleva la firma del presidente Jerí y del canciller Hugo de Zela.
Caídas en cascada del aparato diplomático
Junto con Adrianzén, el gobierno cesó a José Luis Sardón de Taboada como representante permanente ante la OEA. También destituyó a Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco de su puesto como embajador extraordinario y plenipotenciario en Estados Unidos. Las tres salidas simultáneas marcan una renovación drástica en los puestos diplomáticos más estratégicos del país.
Adrianzén había asumido el cargo en la ONU apenas el 29 de mayo pasado. Su nombramiento lo anunció entonces Eduardo Arana, quien presidía el Consejo de Ministros, siguiendo propuesta de la Cancillería que dirigía Elmer Schialer. La designación ocurrió dos semanas después de que Adrianzén renunciara como premier, presionado por cuatro mociones de censura que el Congreso impulsó tras la masacre de 13 mineros en Pataz.
Breve paso por Nueva York
Su gestión en la ONU duró menos de cinco meses. Una de sus últimas apariciones públicas en el cargo fue cuando recibió a Dina Boluarte en Nueva York durante la Asamblea General de septiembre. El expresidente del Consejo de Ministros llegó al organismo internacional en medio de cuestionamientos por su gestión durante la crisis de seguridad que marcó su salida del Ejecutivo.
La reestructuración diplomática se produce mientras el gobierno de Jerí enfrenta múltiples frentes de crisis. El mismo día de las destituciones, el Ejecutivo declaró estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, ante el incremento de homicidios, extorsiones y sicariato. La medida suspende derechos constitucionales y otorga control territorial a fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas.
