Según denuncias, dos medidas cautelares de un mismo magistrado reactivan obras por casi S/ 700 millones pese a sanciones previas y alertas de Contraloría y con garantías de apenas 200 mil soles, lo que supone favorecimiento indebido que debe investigarse con mayor celeridad.
Caso Consorcio Vial Sama
De acuerdo a documentos oficiales, en una segunda resolución dos (Exp. N° 17128-2025-41-1801-JR-CA-04), curiosamente el mismo juez Lenin Montoro ordenó a través de otra medida cautelar solicitada por Construcción y Conservación del Norte S.A.C., disponiendo la suspensión de la Resolución Directoral N° 828-2025-MTC/20, que había declarado nulo la Licitación Pública N° 003-2024-MTC/20.
La nulidad se originó por la filtración de información sobre los montos ofertados por los postores antes del proceso de adjudicación y tras presuntas reuniones de algunos postores con el comité de selección.
Este caso que viene siendo investigado por la fiscalía, pero pese a estas irregularidades, la medida cautelar del juez Montoro ordena detener la nulidad y mantener la buena pro de la obra Carretera Boca del Río–Tacna, valorizada en más de S/ 600 millones a favor del Consorcio Mencionado.
Como se recuerda, el Consorcio Vial Sama, fue beneficiada con el otorgamiento de la buena pro de la obra Carretera Boca del Rio de Tacna, por más de 600 millones.
Uno de los consorciados es la empresa China Gezhouba, que viene siendo investigada por actos de corrupción, Caso Tacna (Carretera Boca del Río–Tacna), el Caso Tarata y el Caso EFICOOP-Los intocables de la Corrupción, donde sus oficinas fueron allanadas.
A pesar de todas estas irregularidades e investigaciones, se le ha concedido una medida cautelar, y como contracautela se ha solicitado el monto irrisorio de 200 mil soles.
Fallos dudosos con garantías simbólicas
Sobre estas medidas cautelares, expertos consultados señalan que el mensaje es claro: Si una cautelar puede reabrir adjudicaciones con garantías mínimas, el incentivo para litigar se vuelve enorme, porque no cubren los riesgos económicos ni el daño institucional al Estado, que termina expuesto. ¿Qué pasa si la obra avanza con la firma del contrato y luego el proceso principal desautoriza la medida cautelar?
Dos preguntas que el Estado debe responder: ¿La Contraloría activará un control concurrente inmediato sobre el perfeccionamiento del contrato mientras rige la cautelar? (la resolución ordena perfeccionar).
¿El OSCE y las entidades del MTC aplicarán listas de observancia y due diligence reforzada para proveedores con anulaciones, sanciones vinculadas o antecedentes críticos, aún cuando no exista condena penal?
Los expertos explican que toda medida cautelar debe ser razonable y mantener un balance justo entre los intereses del Estado y los de las empresas privadas. Además, alertan que fallos como este distorsionan los principios que rigen el Sistema de Abastecimiento, causando un perjuicio al Estado.
Impacto institucional
Las resoluciones judiciales comentadas envían un mensaje peligroso al mercado:
que una medida cautelar puede reabrir adjudicaciones millonarias con garantías mínimas, convirtiendo el litigio en una vía rentable para revertir sanciones o nulidades. En la práctica, el Estado queda expuesto a un doble riesgo:
Financiero, debido a la ejecución anticipada de obras con medida judicial.
Institucional, por la pérdida de confianza en el sistema de contrataciones públicas.
Garantias irrisorias
Un solo despacho judicial ha logrado anular decisiones de Provias Nacional y del MTC, devolviendo buena pro a empresas con antecedentes cuestionados, y todo ello bajo el amparo de garantías irrisorias e ínfimas respecto al valor de las obras, lo que supone favorecimiento indebido, que debe investigarse con mayor celeridad.
¿Cuánto vale la integridad del sistema de contrataciones públicas cuando una medida cautelar basta para desarmar los mecanismos de control que el propio Estado ha construido?
