Vicente Tiburcio rechaza participación de agentes encubiertos y defiende actuación policial tras fallecimiento de joven en marcha del 15 de octubre
El gobierno de José Jerí enfrenta su primer desafío político tras la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, conocido como ‘Trvko’, durante la protesta antigubernamental del 15 de octubre en el Centro de Lima. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, descartó que el hecho genere un costo político para el Ejecutivo y defendió la actuación de la Policía Nacional, mientras que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo exigen investigaciones exhaustivas.
Primera crisis del gabinete Jerí
La muerte ocurrió un día después de que el nuevo gabinete ministerial jurara el 14 de octubre, tras la vacancia de Dina Boluarte. El joven llegó sin vida al Hospital Arzobispo Loayza tras recibir una lesión mortal en el tórax cerca de la Plaza Francia. El trágico desenlace colocó bajo presión al Ministerio del Interior cuando el Ejecutivo buscaba proyectar estabilidad.
En conversación con Radioprogramas, Tiburcio descartó cualquier responsabilidad política. «Definitivamente, para mí, no hay un costo político porque, en primer lugar, hicimos un planeamiento para que esto se desarrolle, de inicio hasta el final, de forma pacífica, respetando irrestrictamente los derechos humanos», sostuvo. El ministro negó la presencia de personal encubierto: «No hay personal Terna en este proceso ni de acompañamiento. Yo no sé de dónde proviene esa información».
Defensa de la actuación policial
Tiburcio defendió con énfasis la actuación policial. «La Policía no ha salido a reprimir, no ha salido a matar a nadie. Eso quede claro. Nosotros hemos salido a protegerlos, a acompañarlos», aseguró. Ordenó una investigación interna para determinar las causas exactas del hecho.
La marcha transcurrió con normalidad hasta las 7 de la noche, cuando manifestantes se enfrentaron con la Policía frente al Congreso. Los disturbios comenzaron tras intentos de derribar rejas de seguridad y provocar un mini incendio. Testigos reportaron que grupos radicales destruyeron el asfalto de la avenida Abancay y lanzaron bloques de concreto contra los agentes, quienes respondieron con gases lacrimógenos y perdigones.
El saldo preliminar fue de más de un centenar de heridos, entre ellos más de 80 policías con traumatismos severos. La Defensoría del Pueblo pidió una investigación «imparcial y transparente», mientras la Fiscalía inició diligencias para determinar las circunstancias exactas de la muerte.
