El Congreso aprobó que la Fiscalía procese al expresidente del JNE Jorge Luis Salas Arenas por presuntamente haber gestionado la contratación irregular de su exsecretario en la Corte del Callao
El Congreso de la República autorizó al Ministerio Público a formular acusación penal contra el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones. La resolución legislativa se aprobó en el marco de una denuncia constitucional que lo señala como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. Según el informe parlamentario, Salas Arenas habría llamado al entonces presidente de la Corte Superior del Callao para solicitar la contratación de su exsecretario de confianza, la cual se concretó con rapidez inusual.
El origen de la denuncia
En marzo de 2024, el entonces fiscal de la nación Juan Carlos Villena Campana presentó ante el Parlamento la Denuncia Constitucional N.º 469 contra Salas Arenas. El magistrado enfrentó el señalamiento en su condición de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Un mes después, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso.
La Comisión Permanente otorgó un plazo de hasta 15 días hábiles para realizar la investigación correspondiente. La subcomisión aprobó por mayoría el informe final, el cual recomendaba acusar al magistrado como presunto instigador del delito tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
La acusación formal
El informe parlamentario sostiene que existen indicios suficientes para considerar la participación de Salas Arenas en una contratación irregular. Según el documento, el juez supremo habría realizado una llamada telefónica a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. En esa comunicación habría solicitado la contratación de Pavel Vladimir Cárdenas Peña, su exsecretario de confianza.
En mayo de este año, la Comisión Permanente aprobó el informe final y conformó la subcomisión acusadora. El Pleno del Congreso resolvió declarar haber lugar a la formación de causa penal mediante la Resolución Legislativa 003-2025-2026-CR. La norma señala que durante el procedimiento se cumplieron las etapas previstas en la Constitución y se garantizó el derecho del denunciado a ser escuchado y contar con defensa técnica. Ahora la Fiscalía tiene la potestad de presentar la acusación formal ante el Poder Judicial conforme al marco constitucional vigente.
