Por su parte, el ministro Sandoval afirmó que la forma en que está planteado por el alcalde de Lima es inviable.
Mientras tanto, los vagones que costaron más de 20 millones se oxidan en el Parque de la Muralla
El fallido proyecto del “tren Lima–Chosica” de Rafael López Aliaga encontró esta semana un peculiar salvavidas en el Congreso. Lejos de asumir que el plan estrella del alcalde no tiene pies ni cabeza, un grupo de congresistas de Renovación Popular decidió convertirse en voceros de lujo del burgomaestre
y del empresario Juan de Dios Olaechea, beneficiario directo de la concesión
férrea.
Desde la Comisión de Transportes, Alejandro Muñante, Norma Yarrow
y Patricia Chirinos se alinearon como un coro afinado para exigir que se cree una “mesa técnica exprés” que allane la firma de una adenda al contrato de concesión de Ferrovías Central Andina. El apuro no es casualidad: la idea es forzar una “marcha en vacío” del tren, aunque el propio MTC y el concesionario han descartado esa posibilidad por falta de operador y condiciones técnicas mínimas. Norma Yarrow, con su conocida vehemencia, aseguró que la adenda puede aprobarse en “diez días” y que “es facilísimo”. Patricia Chirinos repitió el libreto acusando al ministro César Sandoval de carecer de “voluntad política”, mientras
Alejandro Muñante insistía en que lo más difícil ya se había logrado: traer los trenes a Lima. Lo que no dijeron es que esos vagones Caltrain, comprados como si fueran reliquias, hoy se oxidan en la estación Monserrat y a la intemperie en el Parque de la Muralla, convertidos en chatarra antes de tocar riel.
La presión parlamentaria es tan transparente que ya no se habla de política pública sino de un lobby con membrete congresal. ¿A quién beneficia la adenda? Al empresario Juan de Dios Olaechea, cercano a López Aliaga, cuyo grupo fue presentado en EE.UU. como “futuro operador” del tren fantasma. Es decir, congresistas actuando como gestores de negocios ajenos, con la excusa de “agilizar” un proceso que por ley toma entre 9 y 10 meses de revisión técnica.
El ministro Sandoval, por su parte, recordó que ya existe una mesa técnica en curso y que no se puede saltar procedimientos porque “nadie tiene corona”. Una frase que sonó como un dardo directo al alcalde, quien pretende imponer plazos a punta de comunicados y presión política, cuando la realidad es que su proyecto ferroviario nació sin sustento técnico, financiero ni operativo.
Lo más llamativo es que mientras la Municipalidad de Lima difunde comunicados exigiendo la salida del ministro de Transportes por “falta de voluntad”, los vagones de López Aliaga se pudren a la vista de todos.
La foto es demoledora: un alcalde que prometió modernidad con trenes de segunda mano y congresistas que, lejos de fiscalizar, se convierten en sus abogados defensores.
El tren Lima–Chosica no es un proyecto de transporte: es un monumento a la improvisación y al amiguismo político. Y ahora, con la venia de un sector del Congreso, amenaza con convertirse también en un nuevo caso de cómo los intereses privados se disfrazan de políticas públicas. En el fondo, lo que presenciamos no es el rescate de un tren: es el intento desesperado de salvar la credibilidad de un alcalde que hace agua por todos lados y que confunde la
gestión municipal con la promoción de negocios de sus allegados. Porque mientras los ciudadanos esperan soluciones reales a los problemas de Lima —desde el transporte caótico hasta la seguridad— el “tren fantasma” sigue oxidándose, igual que las promesas de López Aliaga.
