EJECUTIVO DENUNCIA ABUSO DE PODER y advierte que el Ministerio Público busca distraer de las graves acusaciones que pesan sobre su propia cúpula.
El allanamiento a la vivienda del Dr. Nicanor Boluarte se convirtió en un nuevo frente de confrontación. Para el Ejecutivo, esta medida no es un hecho aislado, sino una maniobra política que busca desestabilizar al Gobierno y desviar la atención de las denuncias que hoy recaen sobre la alta dirección del
Ministerio Público.
En un pronunciamiento conjunto, el Consejo de Ministros calificó la acción como una “clara demostración de abuso de autoridad”. Señaló que, una vez más, se pretende politizar la justicia y usarla como arma contra la estabilidad del país. “No se puede permitir que los peruanos sigamos siendo víctimas de acciones fiscales dirigidas para hacer daño”, sostuvieron.
El Ejecutivo recordó que el Tribunal Constitucional dejó en claro que la Fiscalía de la Nación no debe ejercer acciones desmedidas contra la presidenta Dina Boluarte. “Resulta extraño que, después de ese fallo, la ofensiva se dirija ahora contra su hermano”, advirtieron los ministros, subrayando la intencionalidad política de la medida.
La presidenta Dina Boluarte también salió en defensa de su hermano. Denunció que se fabrican carpetas fiscales “sin ningún sentido jurídico” y aseguró que detrás de los allanamientos existe un objetivo mayor: golpear su gobierno. “Sé que quieren desestabilizar, pero no les tengo miedo”, afirmó.
El ministro de Transportes, César Sandoval, se sumó al rechazo y acusó a la Fiscalía y al Poder Judicial de estar “instrumentalizados políticamente”. Para él, el allanamiento refleja una persecución sistemática contra la mandataria y su entorno, mientras las verdaderas mafias criminales permanecen intocables.
Pese a la tensión política, el Ejecutivo remarcó que mantendrá el foco en la gestión del país. “La presidenta cuenta con todo nuestro respaldo para que el Perú continúe en la senda del crecimiento”, señaló el premier Eduardo Arana, en un mensaje que buscó cerrar filas frente a la ofensiva judicial.
Un golpe a la institucionalidad
El Gobierno considera que el allanamiento contra Nicanor Boluarte no solo vulnera derechos fundamentales, sino que representa un intento de usar la justicia como herramienta de venganza política. “Con estas acciones, se busca desestabilizar al país y erosionar la institucionalidad democrática”, advirtió el Ejecutivo. La confrontación entre el sistema de justicia y el Gobierno revela una pugna de poder donde la ciudadanía queda atrapada. En lugar de garantizar imparcialidad, las autoridades fiscales arriesgan la legitimidad del propio Estado al convertir la ley en un instrumento de lucha política.
