Durante la última audiencia pública en Pueblo Libre, la alcaldesa Mónica Tello informó a los asistentes sobre la negativa de los regidores Laura Lavarello, Sergia Quino, Daniel Amaya, Percy Azurín y Pablo Núñez a firmar un convenio de cooperación interinstitucional con la Policía Nacional del Perú.
Este acuerdo tenía como objetivo incrementar la presencia de efectivos policiales en el distrito a través de su integración con las unidades de serenazgo, a fin de combatir la creciente inseguridad ciudadana que afecta en todo el país.
La noticia generó indignación entre los vecinos, quienes expresaron su sorpresa y rechazo ante la postura de los regidores, a quienes acusan de anteponer intereses políticos por encima de la necesidad urgente de reforzar la seguridad. Según los ciudadanos, hasta la fecha ninguno de los cinco regidores ha presentado una justificación clara sobre su oposición al convenio.
La preocupación se ha intensificado tras el reciente asesinato de una dama a causa de varios disparos en la vía pública, víctima de la delincuencia, ocurrido el último sábado de agosto en el distrito. Este hecho ha encendido aún más los ánimos en la comunidad, que exige que el convenio sea nuevamente puesto en agenda del Concejo Municipal y aprobado sin más dilaciones.
«Estamos cansados de vivir con miedo. La seguridad no puede ser motivo de disputas políticas. Exigimos respuestas y acciones concretas», manifestaron los asistentes.La alcaldesa Tello expresó su preocupación por la situación y lamentó que decisiones que deberían priorizar el bienestar ciudadano se estén viendo obstaculizadas.
Por su parte, los vecinos han exhortado al procurador público municipal, Max Crespo, a iniciar acciones legales contra los regidores por presunta omisión de funciones y retardo injustificado en actos funcionales. Advirtieron que, de no tomarse medidas, realizarán una protesta frente a la Procuraduría General del Estado para solicitar la destitución del Procurador.
