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Califican como “positiva” la sentencia del Tribunal Constitucional

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TERCER VICEPRESIDENTE del Congreso Ilich López y Defensoría del Pueblo sobre Ley de Extinción de Dominio.

Frente a la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Extinción de Dominio, el legislador y también tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, calificó como “positiva” el fallo del máximo intérprete de la Constitución, de fecha 27 de junio del 2025 (Expediente 00008-2024-PI/TC).
Como se recuerda, el TC declaró fundada -en partela demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto Legislativo N.° 1373, así como, a los numerales 2.1 y 2.5 del artículo II del Título Preliminar del mencionado dispositivo legal.
El también parlamentario de la Bancada de Acción Popular, se refirió a la sentencia del TC. En ese sentido, destacó el fallo, el cual señala que, los mencionados artículos vulneraban el derecho fundamental a la propiedad y el principio de irretroactividad de las normas.
“Lo que valora la sentencia del Tribunal Constitucional es que los procesados no pueden estar en un momento de indefensión en algún momento y eso lo cautela. Entonces yo creo que es positiva, respecto a algunos términos que ha materializado”, aseveró.
BIENES DECOMISADOS
Sobre el mecanismo que deberá implementar el Congreso de la República para que las personas absueltas en procesos penales puedan recuperar sus bienes decomisados, más la indemnización que puedan solicitar, el parlamentario sostuvo que están en un “Estado de derecho”, por lo que llevarán a cabo dicha figura con las instituciones involucradas, como, por ejemplo, el Poder Judicial.
A través de sus plataformas oficiales, la Defensoría del Pueblo destacó la sentencia del TC, tras la demanda de inconstitucionalidad formulada en su momento, al considerar que la norma afectaba derechos fundamentales como la seguridad jurídica, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad.
Cabe señalar que, la institución que preside Josué Gutiérrez elaboró un “test de constitucionalidad” y argumentó que, el Decreto Legislativo N.° 1373 permitía la afectación patrimonial sin garantías procesales suficientes, lo que motivó el inicio del proceso judicial.

DATO: LA DEFENSORIA del Pueblo, reafirmó su compromiso de continuar vigilante frente a normas que resulten incompatibles con la Constitución, utilizando los mecanismos legales disponibles ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.