La comunidad del centro poblado de Puerto Rico-Bayóvar, ubicado en el área de influencia directa (AID) y área directamente afectada (ADA) por la actividad minera en la zona, ha denunciado públicamente el incumplimiento de compromisos por parte de la empresa Miski Mayo, dedicada a la extracción de fosfatos en la provincia de Sechura.
Durante una reunión desarrollada el pasado 19 de julio de 2025, dirigentes comunales, autoridades locales y vecinos abordaron el grave impacto que enfrenta la población tras el corte del fluido eléctrico en toda la localidad, ejecutado por la empresa ENOSA. Esta medida ha afectado directamente servicios esenciales como la educación, la salud y el bienestar de miles de pobladores, dejando en total vulnerabilidad a niños, personas enfermas y adultos mayores.
El corte de luz ha generado indignación, pues desde el año 2012, la empresa Miski Mayo se comprometió a asumir el pago del servicio eléctrico como parte de su plan de relaciones comunitarias, presentado durante el proceso de aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental. Ese compromiso, que fue clave para lograr la aceptación del proyecto minero, formaba parte de su responsabilidad social empresarial.
“Nos prometieron desarrollo, y lo único que hemos recibido es contaminación, olvido y ahora, oscuridad. Miski Mayo no puede mirar a otro lado. Esto es una violación directa a nuestros derechos humanos”, expresaron los dirigentes locales.
En la reunión más reciente sostenida el 21 de julio con representantes de ENOSA, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Subprefectura de Sechura, la Municipalidad de Sechura, representantes de Miski Mayo y dirigentes comunales, no se llegó a ningún acuerdo. La empresa minera se negó a asumir la responsabilidad del pago del fluido eléctrico, pese a haberlo garantizado públicamente como uno de los beneficios para la población durante la etapa de negociación social del proyecto.
“Hoy Miski Mayo no quiere cumplir con lo que prometió. Lo que antes fue compromiso, hoy lo niegan. Exigimos respeto, exigimos justicia”, declaró Henry Zavaleta, Presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Puerto Rico – Bayobar.
La población ha advertido que, de no restablecerse el servicio eléctrico y cumplirse los compromisos asumidos, iniciarán medidas legales y acciones de protesta, en defensa de sus derechos constitucionales.
Este caso pone nuevamente en evidencia la brecha entre el discurso de las grandes empresas extractivas y la realidad que viven las poblaciones afectadas. Mientras el desarrollo prometido no llega, los costos humanos, sociales y ambientales se siguen acumulando en los sectores más vulnerables.
