La justicia rechazó el pedido de Andrés Hurtado para revocar su prisión preventiva por el caso Siucho. Seguirá recluido en Lurigancho.
La Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima confirmó la vigencia del mandato de prisión preventiva por 9 meses contra el exconductor Andrés Hurtado, más conocido como “Chibolín”, quien seguirá recluido en el Penal de Lurigancho. El tribunal declaró infundado el recurso que presentó su defensa para anular la resolución emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, en el marco del caso por presuntas irregularidades en la renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho, tramitada ante Migraciones en 2019.
Tribunal confirma prisión preventiva
El tribunal rechazó el recurso de apelación de Hurtado, quien es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. La defensa alegó que el requerimiento fiscal tenía “evidentes deficiencias” y que no existían elementos graves ni fundados en su contra. También resaltó que el exconductor tiene domicilio conocido, un contrato de trabajo que puede retomar y que es padre de familia, con una menor de 10 años bajo su cuidado.
No obstante, el tribunal sostuvo que los argumentos presentados “no resultan suficientes ni idóneos para desvirtuar” los presupuestos que sustentan la medida. Indicó que la defensa no incorporó ningún elemento “nuevo, relevante ni determinante” que modifique el escenario jurídico ni los hechos que justificaron la prisión.
“La necesidad de la medida se justifica en la falta de eficacia de otras medidas menos gravosas, dado que los elementos aportados por la defensa para acreditar arraigo resultan insuficientes y no constituyen información novedosa”, indica la resolución emitida el 15 de julio. La sala también señala que el mandato de prisión preventiva vence el 18 de septiembre de 2025.
Otro proceso pendiente
Andrés Hurtado también enfrenta otra prisión preventiva, esta vez por 18 meses, dictada por el juez supremo Juan Carlos Checkley el 2 de octubre de 2024. Ese proceso lo involucra junto a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y otros investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico. El caso se relaciona con una presunta coima pagada por el empresario Javier Miu Leí para recuperar barras de oro incautadas por el Ministerio Público en 2020.
La situación legal de Hurtado sigue complicándose mientras se acumulan los cargos en su contra por su presunta participación en actos de corrupción que involucran influencias políticas, funcionarios fiscales y beneficios a empresarios.
