Ejecutivo ejecuta un cierre encubierto del proceso de formalización con el D.S. N.º 012- 2025-EM y miles de mineros artesanales y ancestrales son empujados a la exclusión.
La CONFEMIN y otras agrupaciones como la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE) lideran una movilización nacional contra este modelo que criminaliza al pueblo trabajador y favorece los intereses de empresas como Minera Poderosa.
La publicación del Decreto Supremo N.º 012- 2025-EM, que pone fin al proceso de formalización minera integral, ha encendido la alarma entre miles de mineros artesanales y de pequeña escala en todo el
país. El decreto, publicado recientemente en el diario oficial El Peruano y suscrito por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, establece que solo aquellos mineros con inscripción vigente en el REINFO o con suspensión no mayor a un año podrán continuar en el proceso.
Esta medida, sumada a una reciente y masiva eliminación de registros REINFO en la provincia de Pataz (La Libertad), ha provocado un fuerte rechazo del sector. Más de un centenar demineros formales y en vías de formalización han visto desaparecer su inscripción en el sistema sin previo aviso ni debido proceso, según denuncian las organizaciones del gremio. Ante este panorama, la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ) ha emitido un enérgico pronunciamiento en el que convoca a una Movilización Nacional Indefinida en Lima y diversas regiones mineras del país.
“Este decreto no solo es excluyente, es violento. Cierra las puertas a
miles de trabajadores y comunidades que han apostado por la legalidad, mientras el propio Estado falla en brindar un sistema
transparente y eficiente”, expresó Roy La Rosa, presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE).
El abogado y vocero de AMAPE, Raúl Noblecilla, fue enfático al calificar el decreto como “una norma regresiva y contraria al principio de progresividad de derechos”. Además, denunció que la eliminación masiva del REINFO en Pataz constituye una purga arbitraria, que afecta a mineros con contratos, permisos en trámite y sin sanciones.
“Lo que están haciendo es forzar la ilegalidad a punta de decretos y dinamita. La eliminación de REINFO y la exclusión de 423 mineros en Pataz son una muestra clara de criminalización de la pobreza minera”, indicó Noblecilla. CONFEMIN y AMAPE exigen la derogatoria inmediata del DS 012-2025-EM, así como del DS 009-2025-
EM y su reglamento de la Ley N°32213, Ley que establece rectoría y la ampliación del plazo del Proceso de Formalización Minera Integral de la actividad en la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
“Ni los fallos técnicos del sistema, ni los retrasos en la entrega de claves ni los permisos truncados son culpa de los mineros.
Son errores del propio Estado. ¿Y ahora los castigan a ellos? No lo vamos a permitir”, afirmó Roy La Rosa. El sector artesanal representa una actividad económica clave para más de 500 mil peruanos, especialmente en zonas rurales donde es fuente de empleo, sustento y cultura. Las organizaciones aseguran que no abandonarán las calles hasta ser escuchados por el Congreso y el Ejecutivo.
