Alejando Arteaga
Extorsiones, asaltos y asesinatos son ordenados desde la prisión. En general con un sistema penitenciario colapsado, se hace necesario los cambios que, de verdad, aíslen y reformen a los internos para que las cárceles dejen de ser universidades del delito.
– Desde su perspectiva, ¿cuál es la orientación actual de la pena en el sistema penal peruano?
-En primer lugar, desde el punto de vista teórico, la teoría de la pena tiene diversos objetivos o finalidades: tiene la finalidad preventivo general, es decir el conocimiento a toda la población, tiene una función preventivo especial para el propio ciudadano que delinque y evitar su reincidencia; tiene obviamente una función retributiva, es decir que, cometido el injusto penal y condenado el procesado, recibe el reproche por parte del Estado; ese reproche se llama el “ius puniendi” que es la fuerza punitiva que tiene el Estado por mandato constitucional.
-¿Cree que predomina un enfoque punitivo o resocializador?
-Dada la escalada del conflicto, surge una forma de afrontar el crimen que se aleja de alguna manera de la parte teórica y que esta nueva forma responde a exigencias ciudadanas; a exigencias populistas, mediáticas, policiales, congresales, a lo que se conoce como el “populismo punitivo”; este populismo punitivo conlleva a que los mecanismos de control, entiéndase Poder Judicial, Ministerio Público, exijan a su vez políticas criminales de incrementos sustanciales de la pena, generándose un fenómeno que es el “inflacionismo punitivo”. Esto produce, en suma, una política radicalmente punitiva, que se aleja de cualquier posibilidad de resocialización del reo.
-¿Cuál ha sido el trabajo del Estado en los últimos años en el sistema penitenciario?
-Es necesario poner en conocimiento de la ciudadanía que el Estado peruano y su sistema penal se regía por la ideología “RE”, que consiste en aplicar criterios al reo o al interno que ha delinquido, orientados a su Resocialización, Reeducación y conseguir su Reinserción. Esta ideología no se supo implementar con programas educativos; programas de asistencia psicológica o psiquiátrica; programas laborales que le generen una cultura de formación; de modo que psico, socio y educativamente se les forme en la educación para el trabajo. Solo así la ideología “re” puede considerar a un reo o condenado como reinsertado en la sociedad.
–Entonces se requiere medidas en el sistema penitenciario?
-Por lo tanto, nos encontramos rumbo a un abandono al condenado dentro de un penal. Finalmente, lo que se requiere es retomar una reforma global y profunda del sistema penitenciario en el Perú.
-¿Qué limitaciones o vacíos encuentra en las políticas de resocialización dentro de los penales peruanos?
-Como me refería en la respuesta anterior, existen limitaciones presupuestarias, logísticas y definitivamente, se adolece de una falta de profesionalización de los recursos humanos que trabajan dentro de los penales. Se tiene que profesionalizar a los responsables de aplicar las políticas. Se tiene que implementar programas laborales con apoyo de la empresa privada con más intensidad; implementar programas educativos con universidades e institutos tecnológicos; se tiene que trabajar en programas de salud mental que, si bien es cierto, pese a los esfuerzos que viene realizando el INPE, éstos no son suficientes. La principal limitación consiste en que no se ha fortalecido la unidad de contrainteligencia del INPE, la que debe ser fortalecida.
-¿Y los obstáculos para implementar reformas efectivas que garanticen la reinserción social de los internos?
-Sostengo que fundamentalmente, el primer obstáculo es la corrupción puesto que es desde los penales es donde surgen un importante número de extorsiones, órdenes para secuestros y sicariatos, sin contar con la micro comercialización de drogas prohibidas.
-¿Qué medidas concretas considera prioritarias para mejorar la infraestructura y el tratamiento penitenciario en el marco de una reforma integral?
-Considero que se deben implementar reformas que tienen que pasar por la modernización de los equipos de seguridad, es decir, la logística penitenciaria; la distribución de los internos no solo bajo los criterios de máxima y mínima seguridad, sino que además se deben tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo el destino que van a tomar. Con respecto a las organizaciones criminales; la población penitenciaria extranjera, los menores de edad, a los que hoy se les está aplicando la responsabilidad penal entre los 16 y 17 años.
-¿Qué ocurre en El Salvador y su cárcel “internacional”?
-El Salvador está aplicando la doctrina de seguridad nacional con un derecho penal de emergencia que es excepcional solo para casos de guerras, pandemias, desastres naturales de envergaduras mayores o problemas graves de seguridad interna en el país. Cuando se presentan estos casos, cambia la política criminal. Estos cambios consisten en varios ejes, tales como, restricción de derechos humanos para los delincuentes, obviamente no para todos, sino para aquellos que se encuentran dentro del garantismo judicial; otro cambio que se genera como segundo eje es el trabajo inmediato y apriorístico de la policía y de la fiscalía y para esto, deben trabajar íntimamente con los aparatos de inteligencia.
