Martín Vizcarra criticó el pedido fiscal por cohecho y afirma que no hay justificación legal para privarlo de su libertad.
El expresidente Martín Vizcarra calificó como una “majadería” el nuevo requerimiento en su contra por parte del Ministerio Público. El pedido, formulado por el fiscal Germán Juárez Atoche, solicita seis meses de prisión preventiva y una condena de 15 años por presunto cohecho pasivo cuando Vizcarra fue gobernador de Moquegua. El exmandatario asegura haber cumplido con todas las citaciones judiciales en los últimos cinco años y denuncia una persecución política en su contra.
Fiscal solicita prisión preventiva por caso de cohecho
Vizcarra es investigado por presuntamente haber recibido 2,3 millones de soles en sobornos por parte de empresas constructoras durante su gestión como gobernador regional. Las obras involucradas corresponden al proyecto de irrigación Lomas de Ilo y al Hospital Regional de Moquegua. La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva fue suspendida tras solicitud de su defensa y del propio expresidente, quien se encontraba en la región San Martín por actividades políticas. El juez Víctor Alcocer reprogramó la diligencia para este jueves 26 de junio a las 5:00 p.m.
Vizcarra: “Me quieren meter preso sin sentencia alguna”
Desde San Martín, Vizcarra denunció que este nuevo requerimiento del Ministerio Público forma parte de una campaña de hostigamiento político. “Me vacaron cuando tenía 70% de aprobación, me han inhabilitado en tres ocasiones, me sacaron del padrón de afiliados de Perú Primero y ahora quieren meterme preso sin sentencia alguna”, dijo. Afirmó también que este es el segundo intento de dictarle prisión preventiva, recordando que una solicitud previa en 2021 fue rechazada por un tribunal. “Ahora, después de que mi abogado desmonta su acusación, el fiscal vuelve a pedir prisión preventiva como si la libertad fuera algo superfluo”, declaró.
Vizcarra y su compromiso de asistir presencialmente a la audiencia
Vizcarra explicó que no pudo asistir presencialmente a la audiencia anterior porque su vuelo desde Tarapoto, a donde viajó con tres meses de anticipación para participar en la festividad de San Juan con su partido Perú Primero, estaba programado para la tarde del mismo día. Indicó que recibió la notificación de la audiencia recién el martes por la noche. Sin embargo, aseguró que esta vez estará presente: “Directamente del aeropuerto me dirigiré al Poder Judicial para dar la cara, como siempre lo he hecho”.
Participación política y estrategia legal
Aunque se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, Vizcarra sigue participando en actividades de Perú Primero como “asesor” y simpatizante. Rechaza estar haciendo campaña para postular y afirma que su rol es fortalecer al partido. Además, ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de restituir sus derechos políticos.
La asistencia presencial de Vizcarra es obligatoria
El abogado penalista Julio César Espinoza señaló que Vizcarra debe asistir de manera presencial a la audiencia, dado que enfrenta cargos por cohecho pasivo, un delito con una pena que podría llegar a 15 años. “Es el juez el que está convocando para que él esté presente, no de manera virtual, de manera presencial, física en una audiencia”, explicó. Añadió que la asistencia virtual no es válida en este tipo de diligencias.
Investigación se basa en testimonios de colaboradores eficaces
La Fiscalía abrió el caso en 2021 tras las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, quienes señalaron que empresas del llamado ‘Club de la Construcción’ pagaron sobornos por adjudicaciones de obras. Espinoza indicó que el juicio oral ya se encuentra avanzado entre un 60 % y 70 % y que la etapa probatoria superó la sospecha razonable, alcanzando una “sospecha alta”.
Conducta procesal y medidas alternativas
El abogado explicó que el argumento de Vizcarra sobre su viaje por motivos políticos podría ser considerado como incumplimiento de las reglas de conducta impuestas. El fiscal observa esta actividad como un posible “desprecio a la ley”. No obstante, Espinoza indicó que existen medidas alternativas a la prisión preventiva, como la detención domiciliaria o el uso de grilletes electrónicos, especialmente aplicables a personas mayores de 65 años, como es el caso de Vizcarra.
La decisión final será tomada este jueves por el juez, quien deberá evaluar si existen elementos suficientes para privar de libertad al exmandatario.
