Altos mandos de la PNP respaldan a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación

Un documento interno de la Policía Nacional ordena protección «urgente» para Patricia Benavides, reconociéndola como titular del Ministerio Público tras una polémica resolución de la JNJ, mientras la actual fiscal, Delia Espinoza, denuncia un «golpe a la democracia».

La crisis en el Ministerio Público escaló esta semana cuando altos mandos de la PNP activaron medidas de seguridad para Patricia Benavides, respaldando su restitución como Fiscal de la Nación por orden de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Mientras Benavides intentó asumir el cargo el 16 de junio, la fiscal en funciones, Delia Espinoza, rechazó la decisión y la acusó de «usurpación», en un pulso que divide a las instituciones y expone fracturas en el sistema de justicia peruano.

La orden policial y el respaldo a Benavides

Un documento interno de la PNP, fechado el 16 de junio y recibido el 19, revela que el Teniente General Carlos Céspedes Muñoz, jefe del Comando de Operaciones Policiales, ordenó a todas las unidades especializadas brindar seguridad «de carácter muy urgente» a Benavides. La disposición cita la Resolución 231-2025-JNJ del 12 de junio, que anuló su destitución previa.

«En atención a la normatividad legal vigente y ante los riesgos a que se enfrenta», justifica el texto firmado por Percy Ramos Azañedo, secretario general de la Dirandro. La medida se tomó pese a que la legalidad de la resolución de la JNJ sigue en disputa. Benavides llegó el lunes 16 a la sede del Ministerio Público con escoltas policiales, pero no logró acceder al despacho. Su abogado, Juan Peña, insistió en que la JNJ debe garantizar el cumplimiento de su fallo: «Quien tendría que pedir apoyo policial es la propia Junta, no nosotros».

El conflicto con Delia Espinoza y la denuncia de «golpe»

Delia Espinoza, ratificada por la Junta de Fiscales Supremos hasta 2027, calificó el intento de Benavides como un «golpe a la democracia». En declaraciones a medios, afirmó que su antecesora ingresó sin autorización a la sede fiscal, acompañada de abogados y guardias, y presentó una denuncia penal por usurpación de funciones. «Hoy se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente elegida», declaró.

El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, aclaró que la resolución de la JNJ solo permitiría a Benavides retornar como fiscal suprema, no como Fiscal de la Nación, ya que este cargo lo elige la Junta de Fiscales. Además, cuestionó que la resolución no tuviera las firmas unánimes de los miembros de la JNJ, un requisito legal.

Fondo de la crisis: corrupción y disputa de poderes

El conflicto surge en un contexto de desgaste institucional. Benavides fue destituida en 2024 por presunta corrupción e interferencia en una investigación contra su hermana, la jueza Emma Benavides. La JNJ actual, de mayoría conservadora y nombrada por el Congreso, anuló esa decisión, generando críticas por falta de transparencia.

Mientras el Poder Judicial evalúa suspender a Benavides por 36 meses por cohecho, el Congreso debate siete proyectos de ley para intervenir el Ministerio Público, impulsados principalmente por Perú Libre. Uno propone crear una «Junta Transitoria» que reemplace a los fiscales supremos, lo que organizaciones civiles ven como un riesgo para la autonomía judicial.

La polarización sigue creciendo: Benavides exige «justicia» por su destitución, mientras Espinoza insiste en que el Ministerio «no está en crisis». El 24 de junio, el Poder Judicial definirá si suspende a Benavides, pero la batalla por el control de la Fiscalía ya dejó en evidencia la fragilidad del sistema peruano.