El Poder Judicial prorrogó la investigación contra la exalcaldesa Susana Villarán de Lima por 20 meses, menos de lo que pidió la Fiscalía. El juicio oral empezará en septiembre, con acusaciones de recibir dinero de Odebrecht y OAS para campañas políticas.
El juez Richard Concepción Carhuancho extendió por 20 meses la investigación preparatoria contra Susana Villarán por lavado de activos, aunque el Ministerio Público quería 24. La decisión consideró la «complejidad del caso» pero criticó la falta de proactividad fiscal, como la demora de 10 meses en asignar un perito contable. Mientras tanto, el juicio oral comenzará el 23 de septiembre, donde Villarán enfrentará cargos por recibir presuntos fondos ilegales de empresas brasileñas para financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y su intento de reelección en 2014.
La prórroga y sus razones
El juez Concepción Carhuancho redujo el plazo de investigación que solicitó la Fiscalía. Aceptó 20 meses en lugar de 24. Argumentó que el caso es complejo por la cantidad de imputados y los hechos investigados. Pero también señaló que el Ministerio Público no resolvió a tiempo problemas clave, como la falta de un perito contable durante casi un año.
La defensa de Susana Villarán no ha comentado públicamente esta decisión. Sin embargo, en audiencias anteriores, la exalcaldesa negó cualquier delito. Insistió en que los fondos fueron donaciones electorales, no sobornos. El Poder Judicial no se convenció. La investigación seguirá su curso hasta mediados de 2027.
El juicio oral y los cargos
El 23 de septiembre empezará el juicio oral contra Villarán. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional rechazó adelantar la fecha. Explicó que septiembre permite notificar a todos los implicados, incluidos dos acusados en el extranjero. Los trámites internacionales requieren tiempo, como traducciones y revisiones legales .
Villarán enfrenta cinco delitos: lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración. El Equipo Especial Lava Jato acusa a la exalcaldesa de liderar una red que recibió dinero de Odebrecht y OAS. Los fiscales sostienen que estos fondos financiaron sus campañas a cambio de favores en contratos municipales, como la concesión de Rutas de Lima y la Línea Amarilla.
Los vínculos con Odebrecht y OAS
Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, declaró que la empresa dio 3 millones de dólares para la campaña del «No» a la revocatoria en 2013. Otro 1.1 millón habría ido para la reelección de 2014. Según Barata, José Miguel Castro, exgerente municipal y brazo derecho de Villarán, gestionó los pagos. Castro incluso habría llamado personalmente al empresario brasileño para pedirle apoyo económico.
OAS también aparece en la trama. La Fiscalía afirma que esta empresa entregó 3 millones para la revocatoria y 4 millones para la reelección. A cambio, la gestión de Villarán habría extendido el contrato de peajes de la Línea Amarilla de 30 a 40 años. La Contraloría calculó que este cambio generó más de 20 millones de soles en ganancias adicionales para la empresa.
La estrategia de la defensa
Villarán admite que recibió dinero de Odebrecht y OAS, pero niega que fuera ilegal. En 2019 dijo: «Cometí un error, permitir que empresas con proyectos en Lima financiaran campañas». Pero aclaró: «No hubo coimas ni favores a cambio». Su defensa alega que desconocía modificaciones en contratos, como el alza de peajes. Afirman que eso lo manejaban funcionarios técnicos.
La exalcaldesa también argumenta que aceptó los fondos para evitar que «mafias políticas» tomaran la municipalidad. Su abogada, Merly Edquen, insiste en que no hay pruebas de lavado de activos. «El juicio mostrará que no hubo corrupción», declaró a la prensa.
Lo que sigue
El caso Villarán es uno de los más emblemáticos de Lava Jato en Perú. Con 20 imputados, 379 testigos y más de 1,300 pruebas, el juicio promete ser largo y mediático. La Fiscalía pide 29 años de cárcel para la exalcaldesa. Para sus colaboradores, como Castro o Gabriel Prado, las penas oscilan entre 9 y 25 años.
Mientras la investigación se extiende, el inicio del juicio en septiembre marcará un hito. Será la oportunidad para que la justicia peruana decida si Villarán cometió un «error» o un delito.
