El aumento del FONCOMUN beneficiará a municipalidades que cumplan con requisitos de planificación estratégica, destinando los fondos exclusivamente a inversión pública
El gobierno peruano oficializó la Ley N.º 32387, que aumenta el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) en cuatro etapas entre 2026 y 2029, con incrementos desde 2.5% hasta 4%. Los municipios solo accederán a estos recursos si cumplen con al menos dos instrumentos de planificación estratégica alineados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 2050. Los fondos se destinarán únicamente a proyectos de inversión pública, bajo el criterio de «Presupuesto por Resultados», y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) garantiza que no afectará el déficit fiscal.
El detalle de la norma
La ley, publicada en el Diario El Peruano, establece aumentos escalonados: 2.5% en 2026, 3% en 2027, 3.5% en 2028 y 4% en 2029. Para acceder al FONCOMUN, las municipalidades deben tener aprobados al menos dos de tres instrumentos clave: el Plan de Desarrollo Local Concertado, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional. Estos deben articularse con las políticas nacionales y el PEDN al 2050, según el texto legal.
El MEF supervisará que los fondos se usen solo para «proyectos de inversión pública que contribuyan al cierre de brechas», con excepciones limitadas a transferencias a municipios de centros poblados. Además, introducirá el enfoque de Presupuesto por Resultados para evaluar la asignación, priorizando proyectos con impacto tangible en las comunidades.
Garantías fiscales y apoyo técnico
Durante la firma en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte aseguró que la ley «no compromete la estabilidad fiscal». Subrayó que el objetivo es dotar a los alcaldes, especialmente de zonas marginadas, de recursos para obras postergadas. «El pueblo reclama con justa razón proyectos que muchos gobiernos anteriores ignoraron», declaró.
El MEF brindará asistencia técnica a los gobiernos locales para asegurar que los fondos se traduzcan en infraestructura. Los saldos no utilizados podrán ejecutarse en el siguiente año fiscal, pero queda prohibido destinarlos a gastos corrientes.
Desafíos
Aunque la norma busca descentralizar recursos, expertos advierten riesgos. Prensa Perú señala que la corrupción histórica en municipios y la falta de capacidad técnica en zonas rurales podrían limitar su impacto. «Sin mecanismos de control robustos, los fondos podrían desviarse a intereses particulares», critica el medio.
El MEF ya anunció un decreto para evitar que los recursos se destinen a «obras sin beneficio social», como monumentos o embellecimiento urbano. «El aumento debe cerrar brechas, no financiar proyectos irrelevantes», afirmó el ministro Raúl Pérez-Reyes.
¿Qué sigue?
La ley entrará en vigencia en enero de 2026. Su éxito dependerá de la capacidad de los municipios para planificar y ejecutar proyectos, así como de la fiscalización del MEF. Mientras el gobierno celebra un «paso firme hacia la descentralización», la ciudadanía espera que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
