La Junta Nacional de Justicia anuló la sanción contra Benavides y ordenó su reincorporación inmediata. Delia Espinoza enfrenta sanciones penales si desacata la resolución.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, debe entregar el cargo a Patricia Benavides este lunes sin excusas. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anuló la destitución de Benavides y ordenó su reposición inmediata. Si Espinoza no cumple, enfrentará un proceso disciplinario por desacato y posible destitución, además de cargos penales por omisión de funciones y resistencia a la autoridad.
La resolución que lo cambia todo
La JNJ emitió un documento que deja sin efecto las sanciones contra Benavides, su hermana Enma Benavides (jueza superior) y Azucena Solari (fiscal suprema provisional). El texto es claro: «Se cancele y deje sin efecto las medidas disciplinarias de destitución impuestas […] quedando rehabilitados sus respectivos títulos para su inmediata reincorporación». La orden es obligatoria y no admite demoras.
El fallo no solo reinstala a Benavides en el Ministerio Público, sino que obliga a Espinoza a ceder el puesto. Cualquier negativa suya se interpretará como un acto ilegal. La JNJ no dejó margen para interpretaciones: la salida de Espinoza debe ser inmediata.
Las consecuencias penales de no obedecer
Si Espinoza se resiste, podría enfrentar dos delitos tipificados en el Código Penal. El primero, omisión de acto funcional (artículo 377), castiga con hasta dos años de prisión y multa al funcionario que «ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo». El segundo, resistencia a la autoridad (artículo 368), prevé entre tres y seis años de cárcel para quien desobedezca una orden legal de un funcionario.
Expertos legales coinciden en que la JNJ no dejó fisuras. La resolución no solo restituye a Benavides, sino que pone a Espinoza contra la pared. No hay argumentos válidos para retrasar el traspaso.
Un lunes decisivo
Todo apunta a que este lunes marcará el fin del interinato de Espinoza. La presión legal y política la obliga a entregar el cargo a primera hora. Cualquier demora sería interpretada como un acto de desafío con consecuencias graves.
La JNJ cerró el caso con una orden contundente. Ahora, Espinoza debe elegir entre acatar o arriesgarse a un proceso que podría sacarla del poder y llevarla a prisión. El reloj corre en su contra.
