El Legislativo oficializó con 67 votos la sanción que bloquea toda aspiración política del expresidente Martín Vizcarra hasta 2035. Acusado de torcer la Constitución, suma su tercera inhabilitación mientras insiste en su inocencia.
Martín Vizcarra ya no podrá postular a ningún cargo público hasta 2035. El Congreso peruano hizo efectiva este 14 de junio su inhabilitación por una década, tras hallarlo responsable de violar el artículo 134 de la Constitución al disolver el Parlamento en 2019 sin bases legales sólidas. La Resolución Legislativa 014-2024-2025-CR, publicada en El Peruano, consolida una sanción que Vizcarra tilda de «persecución política», pero que el Pleno defendió como un castigo necesario a un acto autoritario.
Los motivos: Un abuso de poder documentado
La decisión se basa en denuncias constitucionales presentadas por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular), Patricia Chirinos y el excongresista Segundo Tapia Bernal. Estos sostienen que Vizcarra manipuló el mecanismo de «cuestión de confianza» para justificar el cierre del Congreso cuando este debatía la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. «La suspensión de ese proceso no podía ser materia de cuestión de confianza, pues no era un proyecto de ley», precisa el texto de la resolución.
El expresidente y sus exministros Vicente Zeballos y Salvador del Solar argumentaron que actuaron dentro del marco legal. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales determinó que Vizcarra forzó una interpretación ilegítima para eliminar un Congreso que le era adverso. «No hubo denegación de confianza válida; fue un golpe institucional», insistió el informe aprobado con 15 votos a favor.
El proceso: De la primera derrota a la sanción irreversible
El 30 de abril, el Congreso no logró los 66 votos necesarios para inhabilitar a Vizcarra. Solo 61 legisladores respaldaron la medida. Pero la bancada oficialista no se rindió. Los congresistas Noelia Herrera (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia) presentaron una reconsideración que, el 11 de junio, obtuvo 67 votos a favor. «Se garantizó el debido proceso», declaró el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, pese a las críticas de Vizcarra sobre supuestas irregularidades.
Esta es la tercera inhabilitación que acumula el exmandatario. Las dos anteriores —por el «Vacunagate» (10 años) y por presuntos vínculos con empresas privadas (5 años)— ya lo habían marginado de la función pública. Ahora, la nueva sanción cierra cualquier posibilidad de que lidere Perú Primero o participe en las elecciones de 2026, pese a liderar las encuestas con 15.1% de intención de voto.
La defensa de Vizcarra: «Me temen»
En su cuenta de X (antes Twitter), el expresidente denunció una maniobra política: «El Congreso vuelve a inhabilitarme por cerrar un Parlamento corrupto. Lo hice constitucionalmente y con apoyo ciudadano. Le temen a mi liderazgo». Su abogado, Alejandro Salas, añadió que la votación de abril fracasó porque muchos congresistas se ausentaron adrede: «Sabían que no tenían argumentos legales».
Pero para analistas como Héctor Villalobos, Vizcarra pagó el precio de su estilo confrontacional: «Usó la Constitución como un arma, no como un marco de equilibrio». Mientras, en redes, ciudadanos divididos polemizan: unos lo ven como víctima de un Congreso desprestigiado; otros, como un operador más del caos político peruano.
Lo que viene: Un futuro político bloqueado
Con la publicación de la resolución en El Peruano, la inhabilitación ya es firme. Vizcarra podría recurrir al Tribunal Constitucional, pero sus opciones son limitadas. Mientras, el oficialismo celebra haber «blindado» al sistema contra un actor que, para ellos, representa el peor estilo de la política: pragmático, volátil y dispuesto a saltarse las reglas cuando le conviene.
El mensaje del Congreso es claro: quien intente repetir la fórmula de 2019 enfrentará consecuencias. Pero la sombra de Vizcarra, aunque inhabilitado, seguirá presente. Sus seguidores —especialmente jóvenes y mujeres del interior— aún lo ven como una alternativa. El problema es que, por ahora, esa alternativa está legalmente muerta.
