Con 61 votos a favor, el congreso da luz verde a una norma que beneficiaría a efectivos procesados por delitos cometidos durante la lucha antiterrorista, generando críticas por posible impunidad en casos de violaciones a derechos humanos.
El Pleno del Congreso aprobó en primera votación un dictamen que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La iniciativa, impulsada por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), obtuvo 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, pero deberá ser ratificada en una segunda votación dentro de siete días. Organismos de derechos humanos y bancadas opositoras advierten que la medida viola estándares internacionales y podría blindar crímenes de lesa humanidad.
El contenido de la norma
El texto aprobado establece dos grupos beneficiarios:
- Procesados sin sentencia firme: Militares, policías y miembros de comités de autodefensa investigados o acusados por delitos «derivados» de su participación en la lucha antiterrorista.
- Condenados mayores de 70 años: Se otorga amnistía «humanitaria» a quienes tengan sentencias ejecutoriadas o en trámite de ejecución, siempre que no hayan sido condenados por terrorismo o corrupción.
La versión original planteaba el beneficio para mayores de 80 años, pero Rospigliosi modificó el umbral durante el debate, argumentando que «muchos envejecen en silencio sometidos a procesos interminables».
El debate en el hemiciclo
La votación estuvo precedida por un tenso debate. Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) intentó devolver el proyecto a comisión, pero su moción fue rechazada (50 a favor, 58 en contra). Edgar Reymundo, de la misma bancada, propuso enviarlo a la Comisión de Justicia, pero también fracasó (44 a favor, 64 en contra).
Argumentos a favor:
- Rospigliosi insistió en que la norma no es impunidad, sino «justicia para quienes defendieron la democracia».
- Jorge Montoya (Renovación Popular) afirmó que «1.092 efectivos están en procesos judiciales sin sentencia, lo que demuestra persecución»
Críticas:
- Alex Flores (Bancada Socialista) calificó la ley como «inmoral» y «contraria al derecho internacional».
- Jaime Quito (Bancada Socialista) alertó que se «blanquean crímenes como las masacres de Putis».
Riesgos jurídicos y reacciones
Expertos constitucionalistas y organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierten que la norma choca con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Aníbal Quiroga, abogado consultado por El Comercio, recordó que «la Corte IDH ya zanjó que las amnistías generalizadas son inadmisibles».
El Ministerio Público también se pronunció en contra. La fiscal Delia Espinoza señaló que, de aprobarse, Perú podría incurrir en «desacato internacional».
Contexto histórico y comparaciones
La polémica revive el fantasma de las leyes de amnistía de los 90, como las emitidas bajo el gobierno de Fujimori para proteger a militares involucrados en casos como Barrios Altos y La Cantuta. En Argentina, leyes similares (como la de «Punto Final») fueron anuladas en 2005 por la Corte Suprema por violar derechos humanos.
Próximos pasos
El dictamen del congreso requiere una segunda votación para su ratificación. Si se aprueba, pasaría al Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, su futuro es incierto: podrían presentarse demandas ante el Tribunal Constitucional o la Corte IDH.
