El Tratado de Alta Mar enfrenta posturas opuestas: Produce niega afectación a la soberanía, la SNI denuncia impactos económicos.
El Tratado de Alta Mar, suscrito por la presidenta Dina Boluarte en Francia, ha generado tensiones entre el Ejecutivo y el sector empresarial. Mientras el Ministerio de la Producción asegura que el acuerdo no compromete la soberanía ni afecta las 200 millas marítimas peruanas, la Sociedad Nacional de Industrias advierte que el tratado podría perjudicar la actividad pesquera fuera del mar territorial y reclama que no se les consultó antes de firmarlo.
Gobierno niega afectación a la soberanía
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de la Producción (Produce) rechazó que la firma del Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), también conocido como Tratado de Alta Mar, implique una pérdida de soberanía para el Perú.
La cartera aseguró que el acuerdo, firmado por la presidenta Dina Boluarte en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC-3), “se aplica exclusivamente a zonas situadas fuera del dominio marítimo nacional” y que “no compromete ni afecta los derechos soberanos, la integridad territorial, jurisdicción ni soberanía del Perú sobre las 200 millas marinas, conforme lo establece el artículo 54 de la Constitución Política del Perú”.
Produce precisó que el artículo 5 del acuerdo BBNJ “reconoce expresamente la situación jurídica de los Estados que no son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)”, por lo que no modifica la posición histórica del Perú ni supone adhesión a dicho tratado internacional.
Además, el ministerio remarcó que el acuerdo no interfiere con instrumentos regionales como la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) ni con la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
También subrayó que este tratado refuerza la presencia peruana en espacios internacionales de gobernanza marina y permitirá “participar con voz y voto en la toma de decisiones sobre la biodiversidad en altamar”, lo cual beneficiaría al país en el acceso a tecnología, cooperación científica, financiamiento internacional y recursos genéticos del océano.
“La firma del Acuerdo BBNJ no impone restricciones o limita nuestras actividades económicas, en especial a la actividad pesquera nacional”, concluyó el pronunciamiento de Produce.
Gremios empresariales expresan rechazo
En contraposición, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) cuestionó públicamente la firma del Tratado de Alta Mar, alegando que el Ejecutivo no consultó previamente a los sectores productivos.
“Nos hubiese gustado que nos consulten antes de firmar el acuerdo”, declaró Felipe James, presidente de la SNI, quien reveló que empresas pesqueras, especialmente las dedicadas a la captura de atún y pota fuera de las 200 millas, han manifestado su preocupación por posibles restricciones.
La SNI denunció que el tratado “representa una pérdida de soberanía de nuestro país en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros” y alertó que el BBNJ “impone restricciones innecesarias y pretende debilitar organizaciones regionales eficaces en las que participa el Perú como las OROP”.
Además, acusaron que el acuerdo fue impulsado por “ONGs que buscan acabar con sectores productivos, como la pesca en nuestro país que genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado”.
El gremio también rechazó que el Gobierno suscriba acuerdos “que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada”.
Felipe James advirtió que países firmantes no pesqueros y supuestamente influenciados por “ONGs antipesqueras” podrían afectar las faenas extraterritoriales de empresas peruanas.
“La preocupación que han hecho llegar estas empresas […] es justa y nos hubiese gustado que nos hubiesen consultado antes de firmar el acuerdo”, remarcó el dirigente.
James agregó que esperan reunirse con el canciller Elmer Schialer tras su regreso al país para hacerle las consultas pertinentes y anticipó que la SNI también presentará su posición cuando el acuerdo sea evaluado por el Congreso.
“Esperemos que las operaciones pesqueras que realizan las empresas peruanas extraterritorialmente no se vean afectadas, nada más”, finalizó.
Un debate que recién comienza
El Tratado de Alta Mar, que divide las posturas entre el Ejecutivo y el empresariado, abre un debate crucial sobre la soberanía, la gestión de los recursos marinos y los límites de la gobernanza ambiental internacional. Mientras el Gobierno insiste en que el acuerdo fortalece la presencia del Perú en instancias globales, los gremios temen por el impacto en la economía real y el empleo. El desenlace dependerá de lo que decida el Congreso, a donde llegará el acuerdo en las próximas semanas.
