Agrupaciones con firmas fraudulentas no podrán ser excluidas del proceso electoral pese a las denuncias y plazos legales vencidos.
Pese a las miles de firmas falsas e irregularidades en su inscripción, al menos seis partidos políticos, entre ellos el de Martín Vizcarra, participarán en las elecciones generales de 2026. El Jurado Nacional de Elecciones no podrá aplicar sanciones porque ya vencieron los plazos legales. La vía judicial y un nuevo proyecto de ley son las únicas salidas posibles, pero no impedirán su presencia en los próximos comicios.
El fraude de firmas que no se sanciona
Los partidos políticos que usaron firmas falsas y afiliaciones irregulares para obtener su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no serán sancionados ni excluidos del proceso electoral de 2026. Así, agrupaciones como Perú Primero, del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra, podrán participar en las elecciones de abril del próximo año, a pesar de haber registrado 5,117 afiliaciones inválidas, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Lo mismo ocurre con Primero la Gente, de Marisol Pérez Tello, que presentó 5,428 firmas no válidas. A estas organizaciones se suman Perú Moderno, PRIN, Demócrata Verde y Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo. En conjunto, estas seis agrupaciones acumulan más de 50 mil registros observados.
Frente a este escenario, partidos como Renovación Popular han exigido al JNE aplicar la nulidad de oficio de las inscripciones, amparándose en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta norma permite anular de oficio una inscripción por irregularidades graves, pero solo si no han pasado más de dos años desde su aprobación.
El tiempo juega a favor de los partidos observados
El plazo legal para anular las inscripciones está a punto de vencer. Perú Moderno cumple dos años de inscripción este 7 de junio; Perú Primero, el 19 de junio; y Primero la Gente, el 5 de julio. Una vez superado ese periodo, no se puede revertir la inscripción, incluso si se comprueba el fraude.
“El pedido jurídicamente es viable, y la aplicación de este artículo 10 se puede ver a nivel del JNE, pero no van a alcanzar los tiempos para hacer un volumen de pericias grafotécnicas; amerita probanza y no queda tiempo. La elección se va a dar con todos estos partidos presentes”, advirtió José Tello, especialista en temas electorales.
Tello explicó que acreditar firmas falsas o afiliaciones indebidas no es algo inmediato. “Lo que se va a generar es que los dichos sean tomados como medio probatorio y esa es una situación muy surrealista. Por dichos no podemos sacar a partidos, mejor lo sacamos a todos de arranque”, sostuvo.
El vacío normativo y la ruta judicial
Para el especialista, el procedimiento administrativo se siguió correctamente, ya que el Reniec y el JNE validaron las firmas antes de conocerse las irregularidades. Por eso, el JNE no cuenta con los elementos necesarios para declarar la nulidad. “La nulidad la tiene que dar el pleno del JNE y para pronunciarse debe hacer una valoración adecuada de los hechos y no la tiene”, dijo.
Además, advirtió que hacer pericias grafotécnicas para todas las afiliaciones irregulares es técnicamente imposible en el contexto actual. “Las elecciones ya están en curso. Todos los partidos ya están participando. Quieren conminar al Jurado Nacional de Elecciones a hacer algo que no puede hacer”, señaló Tello.
Una alternativa es la vía judicial. Cualquier ciudadano puede solicitar la nulidad de inscripción por tratarse de un asunto de derecho público. Sin embargo, este proceso no evitará la participación de los partidos en las elecciones. “Es un plazo que tiene que ser garantista para que el partido se pueda defender”, explicó Tello.
El JNE propone una solución futura
En una presentación ante el Congreso el 20 de mayo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, reconoció que el marco legal actual no permite sancionar a las organizaciones políticas que cometieron fraude una vez convocadas las elecciones.
Ante esta limitación, el ente electoral presentó un proyecto de ley para anular la inscripción de partidos por uso de firmas falsas. La propuesta fue expuesta ante la Comisión de Constitución y se sumó a otros dos proyectos similares que esperan ser debatidos. Sin embargo, la norma no tendría efecto retroactivo, por lo que las agrupaciones ya inscritas seguirán en carrera electoral.
