La coincidencia temporal entre ambas decisiones judiciales genera interrogantes sobre posible coordinación institucional
La Junta Nacional de Justicia admitió ayer la denuncia de destitución contra la Fiscal de la Nación Delia Espinoza. El mismo día, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez. La simultaneidad de ambas decisiones plantea interrogantes sobre una posible estrategia coordinada entre instituciones del sistema judicial peruano.
Impedimento de salida contra Santiváñez
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la decisión del juez Juan Carlos Checkley. Los magistrados declararon fundado el pedido de la Fiscalía de la Nación contra Santiváñez. El exministro viene siendo investigado por presunto tráfico de influencias agravado.
La restricción de abandonar el país estará vigente hasta diciembre de 2026. Los jueces supremos consideraron que sí existe riesgo de que Santiváñez huya de la justicia. Su actual puesto como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial no garantiza arraigo laboral porque es un cargo de confianza.
La pena prevista contra el exministro en esta investigación es de 12 años de prisión. Los magistrados también consideraron que no se conoce con exactitud dónde queda su estudio de abogados. Los contratos de alquiler vencieron entre 2023 y 2024.
El estudio de Santiváñez tendría sedes en Perú, Chile, México, Colombia, Costa Rica y Honduras. Esta información se relaciona con su movimiento migratorio según el tribunal.
«Sí existe peligro procesal de que el investigado Santiváñez Antúnez pueda rehuir a la acción de la justicia», señala la resolución. Los magistrados consideran que la medida es «la menos gravosa, la más idónea de acuerdo a la fase preliminar en la que se encuentra la investigación».
Los cargos contra Santiváñez
La Fiscalía investiga al exministro por tres hechos específicos de presunto tráfico de influencias agravado. Las gestiones indebidas ante el Tribunal Constitucional incluyen pagos de 20,000 dólares entre enero y febrero de 2024. Santiváñez habría prometido influir en magistrados para obtener una resolución favorable para su cliente Miguel Joel Marcelo Salirosas.
Según chats de WhatsApp y testimonios de testigos protegidos, el investigado afirmó tener contactos en el Tribunal. Incluso compartió supuestas conversaciones con una asistente del Tribunal Constitucional. A pesar de sus gestiones, la resolución fue desfavorable. Santiváñez ofreció presentar un recurso de aclaración insistiendo que «mientras no esté publicado, todo puede pasar».
La intervención con el presidente del INPE constituye el segundo cargo. Como viceministro y ministro del Interior, Santiváñez habría gestionado mantener a Salirosas en aislamiento en el penal «El Milagro» de Trujillo. En comunicaciones de junio y julio de 2024, aseguró haber hablado con el presidente del INPE: «Yo ya hablé, pero no puedo hacer más, incluso me puedo ganar mil problemas por este tema».
Las coordinaciones con el Ministro de Justicia representan el tercer cargo. Como ministro del Interior, Santiváñez habría contactado al ministro de Justicia para gestionar el traslado de Salirosas a un pabellón de régimen abierto. En una reunión grabada el 9 de septiembre de 2024 en el despacho ministerial, afirmó tener contactos en el Tribunal Constitucional y mencionó favores previos.
Timing cuestionable
La admisión de la denuncia contra la Fiscal de la Nación el mismo día del impedimento de salida contra Santiváñez genera suspicacias. La coordinación temporal sugiere una posible estrategia institucional que trasciende las coincidencias. El sistema judicial peruano enfrenta nuevamente cuestionamientos sobre su independencia e imparcialidad en casos de alta connotación política.
