Las malas artes en Bellas Artes ponen en el ojo de la tormenta a la directora de la universidad.
La Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP) atraviesa una controversia institucional que ha encendido el debate sobre la ética pública en la gestión universitaria. La actual Directora General de la casa de estudios, Eva Dalila López Miranda, firmó una resolución para otorgarse a sí misma el grado de bachiller, lo que ha sido denunciado por el portal Lima Gris y reproducido por otros medios como La República.
El escándalo se desató tras la publicación del artículo “Directora de Bellas Artes firmó resolución para otorgarse a sí misma el grado de bachiller”, en el que se señala que López Miranda habría firmado la Resolución 056-2021, documento mediante el cual se formaliza el título a su nombre, mientras ya se encontraba en funciones como directora general. Esta acción, si bien amparada por una resolución judicial previa, ha generado serias dudas sobre su legitimidad ética.
En respuesta a las publicaciones, la UNABAP emitió un Comunicado Oficial N.º 003-2025-ENSABAP-DG, en el que la Dirección General, encabezada por la propia López Miranda, rechaza las acusaciones. Según el comunicado, las notas periodísticas contienen información parcial y carecen de rigor. Además, se asegura que la resolución firmada por la directora fue solo una formalización administrativa de una decisión judicial anterior, no un acto arbitrario.
El pronunciamiento también defiende la legalidad del nombramiento de López Miranda, indicando que fue elegida mediante un proceso electoral democrático conducido por un Comité Electoral autónomo. La universidad lamentó que los medios no hayan contrastado fuentes ni solicitado su versión, y advirtió que, de persistir publicaciones similares, tomarán acciones legales.
Sin embargo, desde Lima Gris se desmienten tales afirmaciones. El medio asegura que intentó comunicarse con la directora antes de publicar la nota, enviándole un mensaje por WhatsApp y realizando una llamada telefónica, ambas sin respuesta. Por ello, rechazan las acusaciones de falta de réplica y consideran que el comunicado de la UNABAP busca desviar la atención del hecho central: ¿es ético que una directora firme un documento que la beneficia directamente?
La crítica no apunta a la legalidad del título —que, según se admite, cuenta con una resolución judicial firme—, sino a la falta de transparencia y el conflicto de interés que representa firmar una resolución propia. En el derecho administrativo existe el principio de imparcialidad, que exige a los funcionarios inhibirse en situaciones donde puedan beneficiarse directamente de sus decisiones. La pregunta es evidente: ¿por qué la directora no delegó esa firma a otro funcionario?
A esto se suma otra observación: el comunicado de la universidad omite mencionar que el Consejo Ejecutivo que formalizó su elección como directora también fue presidido por ella misma. Aunque esto está permitido por el estatuto modificado en 2020, plantea interrogantes sobre los límites del poder en la gestión universitaria y los mecanismos internos de fiscalización.
Para Lima Gris, la advertencia de acciones legales constituye una forma de amedrentamiento hacia la prensa. El medio reafirma su compromiso con un periodismo crítico y responsable, y recuerda que su labor no es atacar instituciones, sino escrutar el uso del poder público y, en este caso, la administración de una universidad que recibe recursos del Estado peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
La ciudadanía merece saber cómo se toman las decisiones en las instituciones públicas y si estas responden al interés colectivo o a conveniencias personales. En contextos donde la ética pública se pone en entredicho, la transparencia no solo debe proclamarse en comunicados, sino demostrarse en los hechos.
Así, el caso de la señora Eva López Miranda y la Universidad de Bellas Artes no es solo un incidente administrativo. Es una oportunidad para reflexionar sobre los límites del poder institucional, la responsabilidad de quienes lo ejercen y el papel fundamental del periodismo en la vigilancia ciudadana.
