Pedro Castillo acusa al instituto penitenciario de impedir sin justificación el ingreso de dos diputados progresistas que buscaban verificar sus condiciones de detención en Barbadillo.
Pedro Castillo denunció que el INPE le impidió recibir la visita de los diputados internacionales Enrique Santiago (España) y Marco Enríquez-Ominami (Chile) el pasado 1 de junio, pese a contar con todos los requisitos legales. El expresidente, procesado por presunto golpe de Estado, calificó el hecho como una «arbitrariedad» que viola sus derechos y sugirió que busca ocultar sus condiciones de reclusión.
«Cumplieron todos los requisitos, pero no los dejaron entrar»
A través de Twitter, Castillo publicó un comunicado donde detalló que los parlamentarios llegaron al penal de Barbadillo acompañados del congresista peruano Alfredo Pariona, pero el personal del INPE les negó el acceso sin explicación. «Denuncio una nueva arbitrariedad contra mi persona. Se violan mis derechos fundamentales, como el de recibir visitas reconocido por tratados internacionales», escribió.
Los diputados extranjeros confirmaron la versión. Santiago compartió un video frente al penal donde afirmó: «Llegamos con la visita previamente autorizada, pero no nos permitieron entrar. Queríamos verificar sus condiciones de detención». Enríquez-Ominami, por su parte, tildó de «inaceptable» la restricción: «Castillo tiene derecho a condiciones dignas, incluido el derecho a visita. Esto revela razones extrajudiciales».
Pariona exige respuestas al Ministerio de Justicia
El congresista Alfredo Pariona, de Perú Libre, presentó un oficio . El Ministerio de Justicia exigiendo explicaciones sobre la negativa del INPE. Hasta. Ni. ahora, ni el INPE ni el gobierno han respondido públicamente a las acusaciones.
Castillo insistió en que la medida busca aislarlo: «¿Qué quieren ocultar? ¿A qué le temen? El mundo debe saber lo que ocurre en esta dictadura». Sus seguidores interpretan el hecho como otro intento del gobierno por silenciar las críticas sobre su proceso judicial y condiciones carcelarias.
Antecedentes polémicos
No es la primera vez que Castillo denuncia trato desigual en prisión. En meses anteriores, ha cuestionado restricciones a sus comunicaciones y visitas familiares. Sus abogados alegan persecución política, mientras la fiscalía insiste en que sigue los protocolos para imputados por graves delitos.
El caso reaviva el debate sobre los derechos de los presos políticos en Perú. Organismos internacionales han pedido transparencia, pero el INPE mantiene que todas sus decisiones responden a regulaciones de seguridad. Mientras, Castillo sigue esperando que su proceso judicial avance, entre reclamos de injusticia y muestras de solidaridad internacional.
