Venezuela calificó a Estados Unidos como un país peligroso para inmigrantes y pidió a sus ciudadanos salir “de inmediato” del territorio.
El gobierno de Venezuela emitió una alerta máxima el domingo 1 de junio, en la que urgió a sus ciudadanos a salir de Estados Unidos “de inmediato”. La medida responde al aumento de redadas migratorias bajo el nuevo plan de Donald Trump, las denuncias por violaciones de derechos humanos y una creciente violencia policial que, según Caracas, convierte a los migrantes venezolanos en blancos del odio y la represión.
Venezuela pide abandonar Estados Unidos ante redadas y violencia contra inmigrantes
A través de un comunicado oficial difundido en Telegram, el Ministerio de Exteriores venezolano advirtió que Estados Unidos se ha convertido en “un país peligroso donde los Derechos Humanos no existen para los inmigrantes”. La alerta incluye señalamientos por detenciones arbitrarias, políticas de persecución y racismo institucional, especialmente contra los latinoamericanos.
Según Caracas, Washington ejerce “una política criminal” y comete “terrorismo de Estado” al enviar a migrantes venezolanos deportados a cárceles de máxima seguridad en El Salvador, donde enfrentan “condiciones inhumanas” como torturas psicológicas, falta de atención médica y alimentación insuficiente. En palabras del gobierno venezolano, se trata de verdaderos “campos de concentración”.
Además, el Ministerio denunció que en territorio estadounidense “ser latino, afrodescendiente o inmigrante venezolano es un riesgo de muerte” y acusó a la policía local de disparar sin advertencia. “La Policía dispara primero y pregunta después”, afirmaron, al tiempo que alertaron sobre el impacto de leyes xenófobas que intensifican la criminalización de los migrantes.
El contexto: redadas del ICE se triplican bajo orden de Trump
La alerta del gobierno venezolano se produce justo cuando la administración de Donald Trump anunció un nuevo plan para triplicar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta decisión forma parte de la ofensiva migratoria del expresidente, quien ha vuelto a poner el tema en el centro de su agenda tras su retorno a la Casa Blanca.
Durante una conferencia en la Casa Blanca, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, advirtió que si las llamadas “ciudades santuario” siguen sin colaborar con el ICE, las redadas se harán en los lugares de trabajo. “Si no podemos detenerlos en sus comunidades, lo haremos en sus lugares de trabajo”, aseguró.
Los operativos ya no se limitan a fábricas o restaurantes. ICE y la Patrulla Fronteriza comenzaron a actuar en espacios públicos, como estacionamientos de ferreterías donde se reúnen trabajadores informales. Aunque el gobierno estadounidense justifica estos operativos como una forma de combatir la explotación laboral, organizaciones sociales alertan que estas medidas solo aumentan la vulnerabilidad de las comunidades inmigrantes.
Hasta ahora, no se ha confirmado la lista exacta de estados donde se triplicarán las redadas, pero varias ciudades con políticas de santuario están en la mira, entre ellas Chicago, Denver, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Washington, D.C.
Choque diplomático entre Caracas y Washington
La advertencia de Caracas se da pocos días después de que el gobierno estadounidense también recomendara a sus ciudadanos no viajar a Venezuela, argumentando riesgos como detenciones arbitrarias, tortura y delitos violentos. En respuesta, el Ministerio de Exteriores venezolano acusó a Estados Unidos de ocultar sus propias “atrocidades” y violar tanto normas internacionales como sus propias leyes al atacar a migrantes.
“Se presentan como defensores de los Derechos Humanos, pero son quienes violan el ordenamiento internacional e incluso sus propias leyes internas para atacar a los migrantes venezolanos”, sostuvo la cancillería venezolana.
Este cruce de alertas pone en evidencia el profundo conflicto entre ambos países, con repercusiones directas para miles de venezolanos que residen en Estados Unidos, hoy enfrentando redadas masivas, discriminación y una política de Estado que, según Caracas, atenta contra su dignidad y su derecho a migrar.
